A finales de la semana pasada el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Nacional Hídrico que tiene como principal objetivo reconocer como derecho humano el derecho al agua de todos los mexicanos.
“El agua deja de verse como una mercancía y su objetivo principal es reconocerla como un derecho humano y garantizar su calidad y cantidad suficiente”.
“Contempla ordenar las concesiones para evitar sobre explotación y acaparamiento”. Se dijo.
El programa presentado es un ejemplo de cuando un gobierno toma en serio buscar la solución a un grave problema social como el acceso al agua.
No se trata de sólo discurso y buenos deseos, si no en verdad se presentó un plan en toda forma, con acciones programables y medibles, así como acompañadas con obras de infraestructura, sustentada en 7 grandes ejes:
1.- Revisión de títulos de concesión, para que el agua que está subutilizada se agreguen a aguas nacionales.
2.- Creación del Registro Nacional de Agua para el Bienestar.
3.- Programa de inspección y de denuncia ciudadana sobre cualquier irregularidad en cuanto al uso del agua.
4.- Reformas a la Ley de Aguas Nacionales, donde se pretende evitar que las concesiones de agua se usen como negocio, es decir especular con el agua y “terminar con cualquier tipo de mercado alterno”.
5.- Facilidades para regular concesiones que cumplan con la ley y haya disponibilidad, a través de la simplificación y digitalización de trámites.
6.- Acuerdo nacional entre los tres niveles de gobierno, donde los fondos de infraestructura social de los municipios sean destinados al tema del agua, con conjunto con el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal.
7.- 16 proyectos estratégicos de infraestructura en todo el país, incluyendo la presa El Novillo para La Paz.
De cumplirse este plan nacional en los términos que fue presentado y con el objetivo primordial de reconocer desde los gobiernos el derecho al agua de los mexicanos, sin suda sería un parteaguas.
Por otro lado, para Baja California Sur, en particular para Los Cabos y La Paz, el plan presentado, obliga al análisis y el cuestionamiento:
1.- En lo que hace al punto 3, donde se señala que los ciudadanos podrán denunciar cualquier irregularidad del uso del agua. ¿Los ciudadanos de La Paz y Los Cabos podrán denunciar la venta de agua a través de pipas, sin control en su precio, como parte de estas irregularidades?.
2.- Sobre el punto 4, que señala que con reformas de ley se busca evitar que las concesiones de agua se usen como negocio y “terminar cualquier tipo de mercado alterno”; ¿Eso incluye a quienes usan los pozos en Los Cabos y La Paz para vender agua en pipas aprovechando la falta de capacidad del Organismos Municipales de gua en su responsabilidad de dotar del vital líquido a los ciudadanos?.
3.- En los 16 proyectos estratégicos de infraestructura no se menciona a la multicitada y manoseada segunda planta desalinizadora de Cabo San Lucas. ¿No es prioridad para el Gobierno Federal?, ¿Se etiquetarán recursos para su construcción?.
4.- ¿Qué harán el gobernador Víctor Castro, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez y la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, para cumplir con la visión de la presidenta en cuanto a terminar con mercados alternos del agua, cuando se ha ventilado que funcionarios y exfuncionarios de sus gobiernos participan y se benefician de la venta de agua en pipas?.
El Plan Nacional Hídrico de Claudia Sheinbaum, ¿significa el fin del negocio de la sed en Los Cabos y La Paz?.
