El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de La Paz respaldó la necesidad de ordenar el crecimiento urbano de la Capital, pero advirtió que cualquier medida para limitar nuevos desarrollos inmobiliarios en la zona Centro debe implementarse con apego al marco constitucional y garantizar certeza jurídica, esto tanto para los ciudadanos como para los inversionistas.
Lo anterior tras las declaraciones del gobernador del estado Víctor Manuel Castro Cosío anunciara la intención de revisar una posible “pausa legal” para nuevas construcciones de departamentos en el Centro de La Paz.
El mandatario manifestó que el crecimiento inmobiliario ha comenzado a rebasar la capacidad de servicios como el suministro de agua potable, drenaje sanitario, energía eléctrica y movilidad urbana.
En respuesta, el organismo empresarial reconoció que la preocupación por la infraestructura es legítima y coincidió en que la ciudad requiere un desarrollo ordenado y sostenible.
No obstante, sostuvo que cualquier restricción debe construirse dentro del Estado de Derecho y respetando los derechos previamente adquiridos por quienes ya cuentan con permisos legales.
El CCE señaló que tanto el Gobierno del Estado como el Ayuntamiento de La Paz tienen atribuciones para actualizar los instrumentos de planeación urbana, modificar densidades habitacionales, fortalecer los requisitos para nuevos proyectos y exigir estudios de impacto urbano que acrediten la disponibilidad de servicios públicos antes de otorgar autorizaciones.
Sin embargo, advierten que una suspensión generalizada de nuevas construcciones basada únicamente en una decisión administrativa o política podría entrar en conflicto con principios constitucionales como la legalidad, la seguridad jurídica, el derecho de propiedad, así como la libertad de empresa y de comercio.
El organismo recordó además que la autorización de usos de suelo, licencias de construcción y demás permisos urbanísticos corresponden am Ayuntamiento de La Paz, por lo que cualquier modificación deberá seguir los procedimientos establecidos en la legislación vigente y respetar el debido proceso.
El CCE también alertó que cancelar o revocar proyectos que ya cuentan con autorizaciones y han cumplido con la normatividad podría derivar en recursos legales contra las autoridades, entre ellos juicios de amparo, procedimientos contencioso-administrativos e incluso reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado.
Para finalizar, los empresarios sostuvieron que el desarrollo urbano responsable y la inversión privada no deben verse como objetivos opuestos, sino como elementos que pueden avanzar de manera coordinada mediante políticas públicas técnicamente sustentadas y construidas a través del diálogo entre autoridades, sociedad y sector productivo.
