La Paz, Baja California Sur.– El Ayuntamiento de La Paz, encabezado por Milena Quiroga Romero, dejó sin solventar 91 observaciones por un monto de 224 millones 866 mil 852 pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2024, de acuerdo con los resultados de la fiscalización realizada por la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur.
La Auditoría realizó un total de 140 observaciones por un importe inicial de 869 millones 246 mil pesos, de las cuales el gobierno municipal logró solventar 49, equivalentes a 644 millones 379 mil pesos.
Sin embargo, el 65 por ciento de las observaciones permaneció sin solventar, principalmente por incumplimientos administrativos, falta de documentación comprobatoria, irregularidades en adquisiciones y gastos de personal.
De los casi 225 millones de pesos pendientes de aclarar, 144.3 millones corresponden a observaciones de cumplimiento, principalmente por disposiciones fiscales y administrativas, así como omisiones en la entrega de información.
Otros 72 millones de pesos corresponden al ejercicio del gasto, de los cuales 41.9 millones están relacionados con adquisiciones y 30 millones con servicios personales.
En materia de ingresos quedaron pendientes de solventar 7.3 millones de pesos, mientras que en obra pública se registraron observaciones por 1.1 millones de pesos.
Adicionalmente, la Auditoría detectó una diferencia de 198.9 millones de pesos entre el gasto devengado y el pagado en inversión pública, sin que el Ayuntamiento presentara la documentación requerida para justificarla. Esta diferencia constituye un hallazgo adicional y no debe sumarse automáticamente al monto total de observaciones no solventadas.
Las 91 observaciones pendientes derivaron en 55 solicitudes de aclaración y 36 pliegos de observaciones.
En ese sentido, el Congreso del Estado aprobó con salvedades la Cuenta Pública 2024 del Ayuntamiento de La Paz, sin que dicha aprobación implique la solventación de las observaciones pendientes.
El dictamen establece que deberán continuar las investigaciones y procedimientos correspondientes para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales, así como la reparación de daños al patrimonio público cuando proceda.
Los montos observados y no solventados representan recursos cuya comprobación o justificación no fue considerada suficiente por la Auditoría, lo que no implica por sí mismo que se haya acreditado un desvío de recursos.
