La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur confirmó que solicitó ante el Congreso de la Unión el desafuero de los diputados federales, Rubén Muñoz Álvarez y Sonia Murillo, esto por investigaciones que se abrieron en contra de los dos legisladores por distintos actos que, posiblemente, constituyen un delito.
De acuerdo con el fiscal Anticorrupción, Lenin Ortiz Amao, la solicitud del desafuero del diputado federal de Morena por Baja California Sur, Rubén Muñoz, se hace con base en investigaciones por el cambio de uso de suelo que aprobó cuando fue presidente municipal de La Paz, junto con exregidores, para favorecer a la empresa inmobiliaria Misión Punta Norte.
El Ayuntamiento de La Paz, ahora bajo la administración de la alcaldesa Milena Quiroga Romero, inició un juicio de lesividad para retirar los derechos que el propio gobierno municipal otorgó a Misión Punta Norte durante el mandato de Rubén Muñoz.
Esto, según lo expuesto en sesiones de Cabildo, debido a que el Cabildo del XVI Ayuntamiento de La Paz no tenía facultades para otorgar este permiso.
Cabe recordar que hace una semana, Muñoz Álvarez informó que se inscribió en el proceso interno de Morena con el objetivo de obtener la candidatura para llegar al Senado en 2024.
Por otra parte, la solicitud para retirar la protección constitucional a la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) por Baja California Sur, Sonia Murillo, deriva de investigaciones que señalan complicidad por el caso en contra del exsecretario de Finanzas, Isidro Jordán Moyrón.
La Fiscalía Anticorrupción no ha revelado mayores detalles sobre la solicitud en contra de Sonia Murillo, sin embargo, el caso de Isidro Jordán deriva de investigaciones por uso ilícito de atribuciones y facultades en detrimento del Gobierno del Estado, así como falsedad de documentos.
Lo anterior por el tema de la empresa “Viajes Perla” que, supuestamente, pertenece a una familiar cercano de Jordán, compañía que facturó más de 100 millones de pesos durante el mandato del exgobernador, Carlos Mendoza Davis, esto según información de autoridades estatales.
Se trata de la primera ocasión en que, desde Baja California Sur, se presenta una solicitud de este tipo ante la Cámara de Diputados.
Cabe mencionar que en 2023 sólo se han registrado dos peticiones de desafuero, siendo los casos que esta semana solicitó formalmente la Fiscalía Anticorrupción.
