La diputada por Los Cabos y presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Gaby Montoya, llamó a las comisiones legislativas a dictaminar las iniciativas pendientes en materia de violencia digital y de género contra las mujeres, al advertir que persisten vacíos legales que impiden sancionar estas conductas.
Desde tribuna, la legisladora señaló que recientemente se han evidenciado casos de difamación y ataques a la vida privada de mujeres que participan en el ámbito público y profesional, principalmente a través de plataformas digitales.
Montoya explicó que este tipo de agresiones no se presenta en igualdad de condiciones que hacia los hombres, ya que mientras a ellos se les cuestiona por sus decisiones, a las mujeres se les vulnera en su integridad, reputación y entorno personal.
Indicó que esta problemática afecta a servidoras públicas, periodistas y profesionistas, tanto en Baja California Sur como a nivel nacional, y reconoció que incluso ha sido víctima de campañas de desinformación con fines políticos.
Señaló que, pese a la presentación de denuncias en estos casos, no se han logrado sanciones debido a limitaciones en el marco jurídico actual.
Ante este escenario, destacó que en el Congreso del Estado existen diversas iniciativas que buscan atender esta problemática, entre ellas 2 propuestas presentadas por la diputada Arlene Moreno en noviembre de 2024 y enero de 2025, enfocadas en tipificar la violencia política de género y el uso delictivo de tecnologías.
Asimismo, recordó la iniciativa que ella misma presentó en noviembre de 2025 para tipificar la violencia de género contra las mujeres, la cual fue turnada a comisiones, pero aún no ha sido dictaminada.
Por ello, exhortó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género a analizar y dictaminar estas propuestas a la brevedad, con el fin de cerrar los vacíos legales que actualmente permiten la impunidad.
Montoya subrayó que en una legislatura con mayoría de mujeres existe la responsabilidad de avanzar en la construcción de un marco legal que garantice la protección de la dignidad y derechos de las mujeres.
Finalmente, advirtió que el uso del agravio contra la moral como herramienta política no debe quedar impune, y reiteró la necesidad de traducir los posicionamientos en acciones legislativas concretas.