El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, vetó totalmente el decreto 3023 mediante el cual se reforma el Código Civil para que la adopción homoparental sea una realidad en Baja California Sur.
El argumento que utilizó Castro Cosío para reencauzar la reforma a la XVI Legislatura fue que no se incluyeron a las comisiones implicadas en temas de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
También señaló que la redacción del dictamen no abarcó todos los tipos de familia y no se elaboró el impacto presupuestal.
“Este veto, básicamente se presenta por dos cuestiones, la primera que, desde la perspectiva del Ejecutivo, la redacción del dictamen no abarca todos los tipos de familias que hay, porque debe prevalecer todas las formas de familias para evitar discriminación con la nueva redacción, sin afectar a terceros o generar posibles lagunas legislativas, y, en segundo término, no se elaboró el impacto presupuestal”, reiteró el Congreso del Estado en sesión pública.
En su momento el dictamen fue realizado por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, sin atender lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo que prevé que la Mesa Directiva deberá cuidar la efectividad del trabajo y por conducto del presidente, cuidar que las comisiones permanentes o las especiales en su caso, cumplan oportunamente con sus respectivos encargos.
“Por ello dicho ordenamiento jurídico aludido, establece la creación de comisiones permanentes y especiales otorgándoles las competencias a cada una de acuerdo a la materia de estudio de la iniciativa presentada y así se dictaminen los proyectos de resoluciones que estimen procedentes”, expone el Congreso.
En este contexto, Castro Cosío sostiene que el Congreso del Estado no incluyó a las comisiones implicadas, que tienen mayor compatibilidad.
Asimismo, el mandatario enfatizó que el principal fin de la reforma es la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, “debiéndose velar y cumplir en todo momento el interés superior del menor, así como el derecho a la protección de la familia”.
A pesar de las explicaciones de Castro Cosío, asociaciones como Aliadxs LGBT+ Los Cabos y especialistas en derecho ya advierten que hay un interés electoral en este veto ya que, señalan, los argumentos del mandatario no tienen fundamento para evitar que la adopción homoparental sea una realidad en Baja California Sur.
