• El diagnóstico elaborado por la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia, exhorta a dar cumplimiento a este instrumento de cogobernanza y empoderamiento ciudadano
El autor es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Educación, actual comisionado del ITAI.
El tema del Gobierno Abierto (GA), resulta ser un reto para la agenda pública en Baja California Sur. Desde el año 2017, este ejercicio de co-gobernanza promovido por el Sistema Nacional de Transparencia a través del Instituto de Transparencia, Acesso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en esta entidad, no ha marcado un impacto de beneficio en la instrumentación de políticas públicas.
El Gobierno Abierto, aparece en la agenda del ITAIBCS, como eje central por los elementos que la integran la transparencia, la participación y la colaboración de los ciudadanos en las políticas públicas en donde la información y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen un rol esencial. El ITAIBCS forma parte del Sistema Nacional de Transparencia, donde se trabaja con la Comisión de Gobierno Abierto, por ende promueve este ejercicio de empoderamiento ciudadano sin embargo, los resultados a la fecha son parciales y efímeros y no constituyen una estrategia de transformación administrativa y rinden mejores resultados para los ciudadanos.
El GA es un nuevo movimiento en cuya base se encuentra un fuerte cuestionamiento a la forma en que se trabajan los asuntos públicos, pone de relieve el fenómeno del uso intensivo de las TIC y las redes sociales, promueve una activa y comprometida participación de la ciudadanía y, presiona a los gobiernos e instituciones públicas a ser más transparente, facilitar el acceso a la información que poseen y a guiarse por nuevos códigos de conducta en cuyo trasfondo residen las nociones de buen gobierno, de apertura de la sociedad y de cambio paradigmático hacia un modelo emergente que esté en concordancia con la configuración de la sociedad en red de la que forma parte.
En otro momento se ha destacado que el GA tiene tres grandes consideraciones generales (Sánchez, 2017). En primer lugar el tema del Gobierno Abierto (GA), es un concepto en construcción y polisémico, por lo que su definición depende del énfasis que se desee destacar como iniciativa multilateral. En segundo lugar, la Open Government Partneship (Alianza para el Gobierno Abierto –AGA- en español), es un esfuerzo multilateral de varios países liderados por Estados Unidos. En tercer lugar, en el 2015, los 66 miembros del AGA habían elaborado más de 110 Planes de Acción en los cuales se incluyeron 1,046 compromisos (cerca de 20 por cada plan). Los cinco temas que los países dieron mayor prioridad en los Planes de Acción fueron: 1) participación política; 2) datos abiertos; 3) transparencia fiscal; 4) mejora de servicios públicos; y 5) acceso a la información.
En el contexto de esta Alianza, en México se ha avanzado en la construcción de tres Planes de Acción para dar cauce a dichos principios. El Primer Plan de Acción Ampliado (2011-2013), conjugó 36 compromisos y fue el esfuerzo inicial por abrir el diálogo y buscar un espacio de interlocución horizontal. El Segundo Plan de Acción (2013-2015), con 26 compromisos cumplidos, marcó la pauta para avanzar la agenda más allá del ámbito federal y con una mayor incidencia en la calidad de vida de las personas. Mientras que el Tercer Plan de Acción (2016-2018) fue producto de un ejercicio participativo sin precedentes en el que un grupo amplio y plural de actores de la Sociedad Civil, de la Academia y de Gobierno –a través de mecanismos como la Consulta Amplia, las Jornadas Abiertas y las Mesas de Trabajo- contribuyeron a identificar 11 compromisos públicos más urgentes dentro de los temas que se decidieron abordar (AGA, 2018: 2).
El GA a nivel subnacional y local requiere de una conjunción de esfuerzos de los actores del GA –gobierno, OSC y órganos de transparencia- alineados todos en la idea de que los planes de acción pueden ser supervisados por representantes de la sociedad civil.
En México los órganos garantes del derecho a la información tienen la atribución de promover la puesta en marcha de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. A finales de 2015 el INAI contempló la realización de doce ejercicios, para lo cual dividió a las entidades federativas en dos grupos, con un diagnóstico previo sobre las condiciones existentes. El primer grupo, conformado por Durango, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Coahuila y Puebla, inició sus trabajos en marzo de 2015, y el segundo, integrado por Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California, Chiapas y Tabasco, comenzó a activarse en junio de 2015. Posteriormente, se sumaron San Luis Potosí y Zacatecas, en tanto que Puebla decidió no participar.
El INAI estableció tres acciones básicas para la formalización de los ejercicios de GA a nivel subnacional: 1) la conformación de los Secretariados Técnicos Locales (STL); 2) la elaboración de los planes de acción local; y 3) la apertura de una página en la Internet. El resultado de esta experiencia fue que a noviembre de 2015, nueve estados habían constituido sus STL: Durango, Morelos, Veracruz, Coahuila, Oaxaca, Jalisco, Baja California, Tlaxcala y Zacatecas. De estos solo los dos primeros -Durango, Morelos- habían cubierto las tres acciones básicas, los demás estaban por elaborar sus planes de acción, en tanto que Hidalgo, Chiapas y Tabasco apenas estaban conformando sus STL (Bautista, 2015: 141).
El diagnóstico nacional en temas de políticas de acceso, gobierno abierto y transparencia proactiva, para Baja California Sur, nos exhibe de la siguiente manera y con una agenda amplia por cumplir;
1. Gobierno Abierto
• Declaratoria: Se firmó el 14 de noviembre de 2017, sin embargo, actualmente no se encuentra vigente, debido al cambio de administración.
• Municipios abiertos: No ha reportado el diseño de su plan de acción.
• Secretariado técnico local: La instalación del STL se llevó a cabo el 15 de febrero de 2019, sin embargo, el cambio del ejecutivo presenta la necesidad de renovación de órgano colegiado.
• Plan de Acción: No ha reportado el diseño de su plan de acción.
• Justicia abierta: No cuenta con declaratoria en materia de Justicia Abierta, sin embargo, el 22 de noviembre, el ITAI firmó un Convenio de Colaboración con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), y el Poder Judicial del Estado de Jalisco, con la finalidad de llevar a cabo el proceso de implementación del Programa ¨ELIDA¨ (Eliminador de Datos), software y código fuente el cual fue diseñado por el Poder Judicial, que facilitará el trabajo en la elaboración y publicación de información en versiones públicas, como el testado de documentos, protegiendo la información reservada o confidencial.
• Congreso abierto: No tienen acuerdo legislativo.
2. Transparencia Proactiva
• Lineamientos TP: No hay evidencia de implementación de los Lineamientos en materia de Transparencia Proactiva.
• Contrataciones Públicas Ante la Emergencia: El 29 de septiembre de 2021, personal del OGL participó en el “Taller para la implementación del micrositio Contrataciones Públicas ante la Emergencia“, sin embargo, no hay evidencia de implementación de la herramienta.
3. Políticas de Acceso
• Infraestructura Abierta: Aún no participa.
Con el apoyo de los organismos garantes locales, a partir de enero de 2022 se impulsará un reto público (en su modalidad piloto, y dirigido a gobiernos e instituciones de los tres órdenes de gobierno que, inicialmente, tendrá capacidad para aceptar a 20 participantes).
• Contrataciones Abiertas: Aún no participa. Como parte de las acciones programadas, con el apoyo de los organismos garantes locales se prevé impulsar la iniciativa a partir de marzo de 2022; una vez adoptada por el organismo garante local, se buscará promoverla en el orden estatal y municipal como parte de una segunda fase de implementación.
• Publicidad Abierta: Aún no participa. Como parte de las acciones programadas para 2022, se tiene previsto impulsar la iniciativa con el apoyo de los organismos garantes locales durante el segundo semestre a través de un reto público.
• Política de Datos Abiertos en Organismo Garante: De acuerdo con investigación de gabinete, no se identificó una política que sea promovida por el organismo garante local. No obstante, como parte de los acercamientos que se realizarán desde el SNT a los organismos garantes locales, será oportuno realizar un levantamiento diagnóstico.
• PlanDAI: Manifestó su interés en participar en la política pública, sin embargo ha manifestado tener impedimentos de múltiples tipos para comenzar los trabajos (Covid, desastres naturales, cambios internos en el organismo garante). Se les ha buscado frecuentemente para explicar la mecánica de trabajo y no han aceptado reuniones virtuales.
Es de esta manera que la experiencia del Gobierno Abierto, en Baja California Sur, esta en esta de crecimiento. Aunque es previsible que los gobiernos (federal y estatales) intentarán capitalizar a su favor la experiencia en busca de mayor legitimidad y credibilidad. Los avances que se obtengan en esta materia dependerán en gran medida de la capacidad de negociación y cohesión que logren alcanzar las organizaciones civiles, así como de la voluntad y visión y política de algunas autoridades.
Los gobiernos locales lentamente empiezan a consolidarse como escenarios de interacción social y de colaboración entre actores para la consecución de metas y objetivos públicos. A través de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, participación o colaboración, los gobiernos locales que, apoyados por estructuras nacionales e internacionales, han logrado establecer herramientas funcionales de interacción activa con sus comunidades (Hernández, 2017: 347-348).
Los atributos administrativos para lograr GA en niveles locales, requieren de: presupuesto público para la actualización y desarrollo del gobierno electrónico: uso intensivo de las TIC´s aplicables para atender los compromisos de los planes de acción; personal capacitado en tareas específicas del GA; y una profesionalización de servidores públicos que puedan continuar con las tareas derivadas del GA, que cuenten con la permanencia basada en méritos profesionales.
