El Gobierno de Baja California Sur informó que mantiene pendientes de solventar 117 millones 441 mil 228 pesos derivados de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024.
En conferencia de prensa, la secretaria de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, aseguró que la documentación necesaria ya fue entregada y que únicamente espera la resolución oficial del órgano fiscalizador.
Explicó que ese monto corresponde al remanente de las observaciones formuladas por la ASF durante las revisiones efectuadas a esos tres ejercicios fiscales, y sostuvo que el Gobierno estatal ya respondió a los requerimientos de información.
La funcionaria indicó que la administración estatal ha sido objeto de alrededor de 30 auditorías federales por año desde el inicio del actual gobierno, como parte de la revisión del ejercicio de recursos públicos federales.
Montaño Cota afirmó que el retraso en el cierre de las observaciones obedece, en parte, a cambios de personal dentro de la propia la ASF, pero insiste en que confía en que los oficios de resolución sean emitidos en un plazo aproximado de tres meses, con lo que los 117 millones quedarían formalmente solventados.
La secretaria aseguró que la administración estatal no tiene preocupación por ese monto, puesto que considera que la información requerida ya fue presentada ante la autoridad fiscalizadora.
HOY BCS informó en su momento que la ASF colocó a Baja California Sur entre las entidades con mayores montos por aclarar en la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023, esto en la publicación de resultados de las auditorías en febrero de 2025.
De acuerdo con el tercer informe de resultados, el Gobierno estatal acumuló observaciones por 3 mil 232 millones 539 mil pesos, ubicándose entre los cinco estados con los mayores recursos federales pendientes de aclaración.
En esa auditoría se emitieron 227 observaciones, de las cuales 143 fueron solventadas y 84 permanecieron con acciones pendientes, además de iniciarse procedimientos administrativos y fiscales relacionados con presuntas irregularidades.
