La Paz, Baja California Sur.- El Gobierno de Baja California Sur busca contratar un nuevo financiamiento por aproximadamente 118.8 millones de pesos para liquidar anticipadamente un crédito contratado con Banobras en 2016 para la reconstrucción de infraestructura dañada por el huracán Odile; sin embargo, el proyecto de decreto que será sometido al Congreso establece formalmente una autorización de refinanciamiento de hasta 661.7 millones de pesos.
La operación fue dictaminada favorablemente por la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos del Congreso del Estado, luego de una solicitud presentada por el gobernador Víctor Castro Cosío.
El crédito original fue contratado en septiembre de 2016 por un monto autorizado de hasta 676.7 millones de pesos y tuvo disposiciones por 661 millones 736 mil 630 pesos, bajo el Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC).
A diferencia de un crédito tradicional, el esquema establece que el Gobierno estatal paga durante su vigencia los intereses, mientras que el capital sería cubierto al vencimiento con recursos provenientes de Bonos Cupón Cero.
A junio de 2026, esos bonos tenían un valor estimado de 542.9 millones de pesos. Por ello, para liquidar anticipadamente el saldo nominal de 661.7 millones, el Gobierno necesitaría cubrir una diferencia aproximada de 118.8 millones de pesos, cantidad que pretende obtener mediante un nuevo financiamiento.
El nuevo crédito tendría un plazo máximo de 30 meses, con fecha límite de vencimiento el 25 de enero de 2029, misma fecha en que terminaría el financiamiento contratado originalmente con Banobras. Su fuente de pago serían recursos del Fondo General de Participaciones.
De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración, mantener el crédito actual implicaría pagar alrededor de 151.6 millones de pesos adicionales en intereses hasta enero de 2029, aproximadamente 5 millones mensuales.
Con el refinanciamiento, el Gobierno calcula que el costo del nuevo crédito, sumando capital e intereses, ascendería a aproximadamente 134.3 millones de pesos, con pagos promedio de 4.3 millones mensuales, lo que representaría un ahorro cercano a 700 mil pesos mensuales y alrededor de 17.3 millones durante el periodo restante.
El Ejecutivo también sostiene que la operación permitiría disminuir la deuda pública nominal del Estado de los 2 mil 68.2 millones de pesos que asegura recibió al inicio de la administración a aproximadamente mil 100.1 millones para septiembre de 2027.
No obstante, el propio proyecto de decreto deja varios puntos que deberán precisarse antes de concretar la operación.
Aunque la exposición financiera plantea que el nuevo préstamo requerido sería de aproximadamente 118.8 millones de pesos, el Artículo Primero del proyecto autoriza al Ejecutivo a realizar actos para refinanciar la deuda hasta por 661 millones 736 mil 630 pesos, o por el saldo insoluto existente al momento de realizarse la operación.
El Artículo Segundo acota posteriormente esa autorización al establecer que los recursos de los Bonos Cupón Cero deberán utilizarse primero para liquidar el crédito y que el nuevo financiamiento deberá destinarse exclusivamente a cubrir la diferencia entre el saldo pendiente y el valor que tengan los bonos al momento de su redención anticipada.
Es decir, el dictamen no establece que el Gobierno vaya a contratar un nuevo crédito por 661.7 millones de pesos, pero sí deja una diferencia entre el monto previsto de la operación —118.8 millones— y el límite formal de refinanciamiento establecido en el decreto.
Tampoco están definidas todavía la institución financiera, la tasa de interés definitiva, las comisiones ni el resto de las condiciones que determinarán el costo final del nuevo financiamiento. El propio decreto señala que esos elementos serán establecidos posteriormente en los contratos que firme el Gobierno estatal.
Además, se autoriza al Ejecutivo a cubrir con recursos presupuestales los gastos derivados de la operación, entre ellos fiduciarios, calificadoras de riesgo, honorarios, comisiones, notarios y posibles costos de rompimiento del crédito actual, sin que el dictamen precise cuánto representarían esos conceptos.
Esto deja pendiente determinar si el ahorro estimado de 17.3 millones de pesos contempla la totalidad de estos costos o si el beneficio final de la operación será menor una vez que se conozcan las condiciones definitivas.
Otro punto es la afectación de participaciones federales. Actualmente, los tres créditos de largo plazo del Gobierno de BCS tienen comprometido en conjunto el 26.78% del Fondo General de Participaciones. Del total, el financiamiento de Banobras de 2016 representa una afectación del 7.80%.
El Gobierno sostiene que al liquidarlo se liberará esa afectación y que el nuevo crédito, por ser considerablemente menor, requerirá comprometer una proporción inferior.
Sin embargo, el proyecto de decreto no establece un porcentaje máximo específico para el nuevo financiamiento y autoriza afectar de manera irrevocable el porcentaje de participaciones federales que resulte “suficiente y necesario” hasta que la deuda sea totalmente pagada.
La Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos concluyó que la operación es jurídicamente procedente, se encuentra dentro de la capacidad de endeudamiento del Estado y puede representar una reducción en el servicio de la deuda, por lo que emitió dictamen favorable.
La viabilidad financiera definitiva, sin embargo, dependerá de las condiciones con las que finalmente se contrate el nuevo crédito: tasa de interés, comisiones, gastos asociados, valor efectivo de la redención anticipada de los Bonos Cupón Cero y porcentaje de participaciones federales que quede comprometido.
El punto central será determinar si el ahorro proyectado por el Ejecutivo se mantiene una vez incorporados todos esos costos o si la operación termina teniendo principalmente el efecto de adelantar la liquidación del crédito de 2016 y reducir el saldo nominal de la deuda antes de que concluya la actual administración.