La Paz, Baja California Sur.– El gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío acumuló observaciones por 806 millones 224 mil 789 pesos sin solventar durante la fiscalización de su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2024, la cual fue aprobada por el Congreso del Estado de Baja California Sur.
De acuerdo con el dictamen de la Auditoría Superior del Estado (ASEBCS), de las 113 observaciones determinadas durante la revisión del ejercicio de los recursos públicos, solamente 61 fueron solventadas satisfactoriamente, mientras que 52 permanecieron pendientes de aclaración, equivalentes al 46.02 por ciento del total.
En términos económicos, la fiscalización inicialmente contempló observaciones por 4 mil 513 millones de pesos, de los cuales fueron solventados 3 mil 707 millones, quedando pendientes de justificar o aclarar 806.2 millones de pesos.
Del monto no solventado, 805 millones 413 mil pesos corresponden a observaciones de cumplimiento y gestión financiera, mientras que 811 mil 654 pesos se relacionan con la revisión física y documental de obra pública.
Las 52 observaciones pendientes derivaron en 38 solicitudes de aclaración y 14 pliegos de observaciones, mediante los cuales la Auditoría Superior requiere documentación y justificaciones sobre el ejercicio de los recursos públicos.
Entre los hallazgos también se encuentran diferencias presupuestales relacionadas con la inversión pública, incluyendo discrepancias entre los programas de obras, los presupuestos modificados y los registros contables del Gobierno del Estado.
En algunos de estos casos, la administración estatal presentó documentación y oficios relacionados con medidas correctivas; sin embargo, la Auditoría Superior determinó que los elementos proporcionados no fueron suficientes para solventar las observaciones.
Pese a los 806 millones de pesos pendientes de solventar, el Congreso de Baja California Sur aprobó la Cuenta Pública 2024 del gobierno de Víctor Castro.
No obstante, la aprobación legislativa no elimina las posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran determinarse como resultado de las investigaciones correspondientes.
La Auditoría Superior del Estado deberá continuar los procedimientos de seguimiento y, cuando proceda, promover las acciones legales necesarias para esclarecer las irregularidades detectadas.
Es importante precisar que los 806.2 millones de pesos representan importes observados que no fueron solventados durante el procedimiento de fiscalización, lo que no significa necesariamente que se haya comprobado un desvío de recursos por esa cantidad.
