En septiembre del 2001, el último gobernador priista de Baja California Sur, Guillermo Mercado Romero fue detenido en Estados Unidos durante la administración de su sucesor, el ex priista y entonces perredista y hoy morenista, Leonel Cota Montaño.
Durante la gestión de Cota Montaño, al ex gobernador tricolor se le investigó y judicializó por la Procuraduría General de Justicia del Estado por el delito de peculado por 518 millones de pesos.
Se le acusó del presunto desvió de recursos en la compra de un predio para un centro de investigaciones; además se le acusó de compras de boletos de avión del ejercicio del Gobierno del Estado a una empresa propiedad de su esposa.
En la mente de los sudcalifornianos quedó grabada la imagen del exmandatario bajando de un avión esposado.
Guillermo Mercado permaneció unos meses en la cárcel y continuó su proceso penal en libertad, hasta que el 2007 fue absuelto de todo cargo.
En mayo del 2012 el ex gobernador entonces del PRD, Narciso Agúndez Montaño fue detenido en Monterrey Nuevo León durante el periodo de gobierno de su sucesor Marcos Covarrubias Villaseñor, ex perredista y después panista.
A Agúndez Montaño, junto con otros exfuncionarios se les investigó por la Procuraduría General de Justicia del Estado acusados por peculado por 72 millones de pesos.
De acuerdo al expediente, el exgobernador y sus funcionarios se vieron involucrados en la venta indebida de 7 predios en un fraccionamiento ilegal de Cabo San Lucas.
A Narciso se le exhibió en boletín oficial de acuerdo a la usanza de aquellos años, en un paredón de detenidos, flanqueados por agentes ministeriales fuertemente armados y se llegó al exceso de difundir “filtrada” su fotografía con el pelo rapado y un traje de presidiario.
El jefe del Grupo Los Cabos y de la hoy dinastía política Agúndez, permaneció recluido en el penal estatal hasta diciembre de ese año, continuando su proceso penal en libertad hasta que en 2014, fue exonerado de todo cargo.
a) En ambos casos, Guillermo Mercado y Narciso Agúndez, fueron exonerados de todo delito del que se les procesó penalmente. Es decir, hubo de dos sopas:
1.- Eran inocentes de los delitos que se les imputaban.
2.- Los expedientes formulados por la Procuraduría en su contra no tenían los elementos suficientes de peso para sustentar la acusación.
b) En ambos casos, Guillermo Mercado y Narciso Agúndez fueron investigados y encarcelados durante las administraciones de sus sucesores que casualmente antes eran sus aliados políticos y compañeros de partido, pero con los que tuvieron diferencias al no ser favorecidos con la candidatura a Gobernador; Leonel Cota por el PRI y Marcos Covarrubias por el PRD.
Traigo al presente estos datos de la historia reciente política de Baja California Sur, porque el sábado el ex presidente municipal de Los Cabos, Oscar Leggs Castro fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad por simulación.
De acuerdo al comunicado oficial de la recién creada Fiscalía Estatal Anti Corrupción, dependiente de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado, al ex alcalde y a su ex tesorero Martín Talamantes, que también ya fue vinculado a proceso; se les acusa de haber contratado a una empresa por 14 millones de pesos para gestionar un crédito bancario a favor del Gobierno Municipal que no se hizo.
En este caso, el delito por el que se vincula a proceso a los ex funcionarios no es delito grave por lo que no amerita prisión preventiva, por lo que ambos, Leggs y Talamantes, se les impuso firmar periódicamente ante el juzgado y no salir del país, como medidas cautelares, pudiendo continuar su proceso judicial en libertad hasta que se dicte sentencia, en cuyo caso de ser declarados culpables, si serían presos.
Debido a las modificaciones a los códigos penales de los últimos años, por el principio de presunción de inocencia, Leggs Castro no fue sometido a la exhibición pública por medio de una fotografía donde se le vea detenido; incluso no se publicó su nombre completo en el boletín.
Ahora bien, es público que Leggs Castro tuvo un enfrentamiento político desde el 2021 con el líder del Grupo Los Cabos (hoy nuevamente en el poder cabeño), Narciso Agúndez, por los espacios dentro del gabinete.
Es público que además el ex alcalde cabeño tuvo varios desencuentros con el gobernador Víctor Castro, llegando al punto más álgido durante el proceso electoral pasado donde Oscar Leggs en una transmisión en vivo llegó a llamarlo “traidor” al no ser favorecido con la candidatura a Presidente Municipal de la alianza Morena-PT-PV (aunque después se mesuró).
Es público el enfrentamiento de Leggs con el actual Presidente Municipal, Christian Agúndez, cuya administración aportó todos los elementos a la Fiscalía para armar el expediente contra el ex alcalde.
Puede haber elementos legales en el proceso contra el ex presidente municipal, pero no se puede negar que como en el caso de Guillermo Mercado y Narciso Agúndez, también hay elementos políticos en el entorno.
En el ámbito municipal se han presentado denuncias por presuntos actos de corrupción contra otros ex funcionarios. En el gobierno de Arturo de la Rosa, se presentaron denuncias contra el gobierno de Antonio Agúndez; y en el gobierno del propio Oscar Leggs contra ex funcionarios del gobierno de Armida Castro, pero los expedientes no prosperaron.
El boletín oficial de la Fiscalía sobre la vinculación a proceso de Leggs, destaca “La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur refrenda su compromiso con la ciudadanía que no quedará ningún delito de corrupción sin investigar y reiteró, EL CORRUPTO TENDRÁ CASTIGO Y EL PUEBLO JUSTICIA”.
No hay nada más gratificante para una sociedad que un servidor público que comete actos de corrupción y desvía los recursos público o ser beneficia de éstos, sea castigado conforme a la ley y sea encarcelado.
De los dos casos judicializados y que alcanzaron sentencia contra dos altos ex servidores públicos en Baja California Sur, quedaron libres y absueltos.
De ambos casos, ni siquiera se reparó el daño al erario público.
Justicia para el pueblo sería que los responsables quedaran en la cárcel o el dinero se devolviera.
Al final los presuntos delitos contra “los recursos del pueblo” quedaron impunes.
Lo único que quedó fue la exhibida pública de los políticos involucrados.
Queda la duda si se busca la justicia para el pueblo o la revancha para el político.
