La comunidad de Loreto se encuentra en una nueva etapa de organización social tras la polémica generada por el decreto federal que abrió la posibilidad de convertir al municipio en un puerto de altura.
Ahora, colectivos ciudadanos y el movimiento “No al Decreto” consideran que el principal objetivo debe centrarse en modificar y fortalecer el Programa de Manejo del Parque Nacional Bahía de Loreto para blindar ambiental y jurídicamente al destino.
La organización Unión Loreto señalo que, aunque el nuevo escenario representa una victoria parcial para la ciudadanía, “el modelo económico que impulsó el decreto sigue vivo”, por lo que advierten que el riesgo de futuros proyectos portuarios o de gran impacto aún permanece.
De acuerdo con el posicionamiento, la actualización del Programa de Manejo del Parque Nacional representa “la mayor oportunidad en la historia moderna de Loreto”, puesto que permitirá establecer reglas permanentes sobre las actividades permitidas dentro del Área Natural Protegida (ANP).
Entre las propuestas que buscan incorporar destacan la prohibición definitiva de cruceros, regulación estricta de la navegación marítima, protección de playas y accesos públicos, defensa de la pesca tradicional, límites a la contaminación, control de anclajes y restricciones a proyectos relacionados con gaseros o grandes cargas marítimas.
Integrantes de la comunidad aseguran que la estrategia del movimiento debe evolucionar del rechazo total a la construcción de una propuesta sustentable y jurídicamente sólida, ahora que lograron la abrogación del decreto que habilitaba a Loreto como puerto de altura.
Asimismo, advirtieron sobre conceptos que consideran ambiguos dentro de futuros proyectos gubernamentales, como “modernización”, “competitividad” o “infraestructura estratégica”, términos que
podrían utilizarse para justificar desarrollos incompatibles con el carácter ambiental de la región.
El movimiento insistió en que la prioridad será exigir estudios públicos, mapas de impacto acumulativo y mecanismos de participación ciudadana vinculante antes de cualquier modificación regulatoria.
