Madres de familia del Jardín de Niños Marcelo Rubio anunciaron que presentarán una serie de denuncias ante instancias estatales, incluida la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tras señalar presuntas irregularidades y omisiones por parte de autoridades educativas que buscan cerrar el grupo de tercer año “A”.
De acuerdo con las inconformes, la decisión de manifestarse y tomar la calle se dio luego de agotar, sin éxito, todas las vías administrativas.
“Hemos llegado a tomar esta decisión porque ya se agotaron todas las medidas posibles”, expresaron, al señalar que esperaban una solución favorable tras la visita de la supervisora de zona y la jefa de departamento, lo cual no ocurrió.
Las madres acusaron que, lejos de resolver el problema, las autoridades educativas han mantenido una postura de imposición, incluso, denunciaron actos de intimidación y descalificación hacia el personal docente del plantel, lo que ha agravado el conflicto.
El problema se originó a partir de la ausencia de la maestra titular del grupo de tercero “A”, quien, antes del inicio del periodo vacacional, tuvo que retirarse por motivos de salud. Según relatan las madres, desde el 13 de abril debió asignarse una docente suplente; sin embargo, esto no ocurrió.
En lugar de cubrir la vacante, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha planteado la posibilidad de cerrar el grupo, argumentando falta de recursos, una medida que ya había sido rechazada previamente por padres y madres de familia, quienes advierten afectaciones directas al derecho a la educación de los menores, particularmente al tratarse de estudiantes que están por concluir su nivel preescolar.
Las madres señalaron que las autoridades insisten en que la directora del plantel puede hacerse cargo del grupo, propuesta que consideran insuficiente y carente de sustento formal.
“Sí, la directora es capaz, pero necesitamos un documento que respalde al sistema educativo, a las educadoras y a nosotras como madres”, indicaron.
Las inconformes afirmaron que la negativa de las autoridades a emitir un documento oficial responde a que reconocen que el cierre del grupo sería una acción fuera del marco legal.
“No quieren mandar el documento porque saben que lo que quieren hacer es ilegal”, denunciaron.
Ante este escenario, informaron que interpondrán una queja ante la CEDH, además de recurrir al titular del Órgano Interno de Control del Sistema Educativo y a la Dirección Anticorrupción de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
