El movimiento magisterial en Baja California Sur intensificará sus acciones de protesta este viernes 12 de junio con una serie de bloqueos carreteros y manifestaciones en distintos municipios de la entidad, como parte de la jornada nacional de lucha que mantienen trabajadores de la educación en demanda de cambios al sistema de pensiones y otras demandas laborales del orden estatal.
Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 3 informaron que las movilizaciones se desarrollarán de manera simultánea en diversas regiones del estado, incluyendo La Paz, Los Cabos, Comondú y Mulegé, con afectaciones temporales en carreteras federales y presencia en oficinas estatales.
En la capital sudcaliforniana, uno de los principales puntos de concentración será la zona conocida como Cola de la Ballena, sobre la vía que comunica a La Paz con el aeropuerto internacional.
De manera paralela, otro contingente se instalará en la carretera al sur, a la altura de la caseta cercana a la colonia Calafia, donde también se contempla una interrupción temporal de la circulación vehicular.
De 8 a 10 de la mañana estará los cierres de carretera en estos dos puntos de La Paz, posteriormente se concentrarán en las oficinas de la Secretaría de Finanzas el resto del día.
En el municipio de Comondú, los trabajadores de la educación anunciaron bloqueos intermitentes sobre la carretera, permitiendo el paso de vehículos en intervalos programados y también contemplan una protesta frente a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas en Ciudad Constitución.
Mientras tanto, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, el magisterio replicará una estrategia similar con cierres parciales de la carretera transpeninsular y una movilización en las oficinas gubernamentales del área financiera.
Los docentes han reiterado que las acciones forman parte de una exigencia nacional para eliminar la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que afecta las condiciones de retiro de los trabajadores al establecer esquemas de pensión que califican como insuficientes.
También demandan mejoras en los servicios de salud que reciben los derechohabientes y soluciones a problemáticas administrativas que impactan directamente a los trabajadores del sector educativo.
