Ciudad de México.– La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) clasificó por un periodo de cinco años la información relacionada con las comunicaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos sobre las investigaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, ambos señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La reserva fue determinada por el Comité de Transparencia de la Cancillería al responder una solicitud de acceso a la información. La medida abarca notas diplomáticas, oficios, correos electrónicos, fichas informativas, minutas de reuniones y demás comunicaciones oficiales intercambiadas con autoridades estadounidenses en torno a las investigaciones, solicitudes de detención provisional con fines de extradición y mecanismos de cooperación bilateral.
La SRE argumentó que hacer públicos esos documentos podría afectar la conducción de la política exterior de México, vulnerar la confianza entre ambos gobiernos e incluso contravenir las reglas de confidencialidad previstas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
No obstante, horas después de que se conociera la reserva, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Cancillería transparentar la información que legalmente pudiera hacerse pública. Como resultado, la dependencia difundió algunos oficios relacionados con las solicitudes de detención provisional formuladas por Estados Unidos, aunque mantuvo bajo reserva las notas diplomáticas y otros documentos cuya naturaleza jurídica considera confidencial.
Cabe recordar que el pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, a quienes señala de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El Gobierno de México respondió en ese momento que la solicitud no estaba acompañada de pruebas suficientes para proceder conforme al tratado bilateral de extradición.
La clasificación de la información permanecerá vigente, en principio, hasta 2031, salvo que la autoridad determine modificar o levantar la reserva antes de ese plazo.
