La secretaria de Finanzas, Bertha Montaño Cota, aseguró que la administración estatal logró regularizar la estructura salarial del Gobierno de Baja California Sur mediante la creación de 59 tabuladores oficiales, una medida con la que buscan corregir observaciones heredadas de administraciones anteriores y homologar las percepciones del personal de las distintas dependencias y poderes públicos.
Señaló que uno de los principales resultados de esta regularización fue la actualización de los salarios registrados ante el ISSSTE, comparando que en 2022 había trabajadores con sueldo registradas de apenas 5 mil 186 pesos, mientras para 2026 el salario mínimo registrado dentro del gobierno estatal ascendió a 9 mil 451 pesos.
Precisó que en 2023 se corrigió la situación de aproximadamente 2 mil 200 servidores públicos que tenían registrado un sueldo inferior al salario mínimo, por lo que, con la actualización aumentaron las cotizaciones y prestaciones económicas de cada uno.
Montaño Cota afirmó que actualmente ningún trabajador del Gobierno del Estado recibe un sueldo compactado inferior al salario mínimo y añadió que, en promedio, un empleado de confianza percibe alrededor de 16 mil pesos mensuales, incluyendo compensaciones, mientras que un trabajador sindicalizado alcanza ingresos promedio de hasta 34 mil 500 pesos.
También mencionó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) encabezaba la lista, seguida por personal de la Secretaría de Salud (SSA) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) eran las instituciones con los sueldos más bajos cuando llegaron a la administración estatal.
Destacó tanto estas instancias como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) han tenido incrementos importantes en este sexenio.
Por ejemplo, explicó que en 2021 el salario del nivel operativo más bajo era de 12 mil pesos mensuales, mientras que un oficial percibía 29 mil 900 pesos. Ahora, esos ingresos aumentaron a 19 mil 647 y 36 mil 725 pesos, respectivamente.
De igual manera sostuvo que los incrementos salariales se implementaron de forma progresiva desde 2022 debido a las limitaciones presupuestales, por lo que el objetivo fue atender año con año a los sectores con mayor rezago.
Para finalizar, Bertha Montaño adelantó que la meta es concluir la actual administración con las remuneraciones del personal de Seguridad Pública alineadas al promedio nacional.