Una familia de la ciudad de La Paz se manifestó en el Centro de Justicia Penal para denunciar que han sido víctimas de abuso de autoridad y fabricación de pruebas, luego de que el 23 de febrero tres de sus integrantes fueron detenidos por portación de arma de fuego y posesión de sustancias ilícitas.
Expusieron que en su rancho fueron víctimas de un cateo ilegal, en donde, acusan, agentes de seguridad les sembraron un arma conocida como “Cuerno de Chivo” y droga, todo con el objetivo de poder desalojarlos de propiedad que está siendo acechada por particulares.
Antonio Talamantes Higuera, Rodrigo Antonio Talamantes Geraldo y Ángel Gabriel Talamantes Hernández son los nombres de los tres detenidos y hoy enfrentan el proceso ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Quiero que se haga justicia por el atropello que fuimos víctimas en mi domicilio, que fue hacer un cateo al domicilio donde radicamos mi familia y yo. Mi rancho no se llama La Chiva, mi rancho tiene otro nombre y así se metieron arbitrariamente, con atropellos”, expresó María Luisa Geraldo Espinoza, esposa, madre y abuela de las personas detenidas.
María Luisa contó que cuando los policías se presentaron en su rancho ni siquiera sabían el nombre de su propiedad, de inmediato les quitaron los teléfonos, los amenazaron y le prohibieron salir del lugar.
Todo lo anterior, dice, sin que presentaran una orden de cateo a pesar de que la pidió en reiteradas ocasiones.
“A mi esposo, a mi nieto ya mi hijo los esposaron en cuanto llegaron, arbitrariamente. Yo les dije: mi rancho no es, mi rancho no se llama La Chiva´, pero dijeron que la ubicación ahí daba; una cosa es que la ubicación dé es una cosa y que sea el rancho es otra”, compartió.
Precisó que por más de un año llevan denunciando diferentes agresiones y amenazas por parte de particulares que buscan desalojarlos para quedarse con sus terrenos en los que han vivido por más de 30 años.
Es por ello que intuyen que de ahí viene la detención, denunciando una posible complicidad de autoridades.
“Tenemos muchos problemas con una persona ahí que nos quiere sacar del rancho, nos han tumbado los portones, nos han tirado balazos en tres ocasiones, nos han tumbado los portones porque nos quieren desalojar de los terrenos”, dijo.
“Hemos puesto demandas, siete u ocho demandas tienen esas gentes, ¿por qué no ha hecho nada la autoridad? Ahora por una denuncia, supuestamente anónima, que hicieron que nosotros estábamos vendiendo droga, cómo vamos a vender droga si vivimos de lo que trabajamos en el rancho”, agregó.
Cabe mencionar que periodistas en el país han documentado en diversas zonas rurales, rancherías y ejidos esta forma de operar por parte de inmobiliarias y particulares que despojan de sus tierras a personas en situación de vulnerabilidad.
“Hago un llamado al señor gobernador y procurador para que tomen cartas en el asunto, para que revisen el expediente, que revisen todo el expediente, que escalen a los testigos, que los cuestionen, que comprueben”, pidió.
Por último, María Luisa recalcó que son rancheros y que se sostienen por medio de apoyos para adultos mayores y con los productos que pueden sacar de sus animales, como queso y en algunas ocasiones carne.
