Ante la entrada en vigor de la reforma electoral del presidente, Andrés Manuel López Obrador, autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California Sur advierten que se avecinan recortes de casi el 50% del personal que labora en la instancia en los 5 municipios.
En entrevista para Hoy BCS, Iván David Gómez Cabrera, Vocal de organización electoral de la junta local ejecutiva del INE, señaló que con respecto al área de Servicio Profesional Electoral Nacional, 10 de las 22 personas que laboran ahí ya no estarían en función.
Asimismo habrá recortes en vocalías quedando sólo una operativa, por lo que estima que 50 de las 130 personas que laboran en el INE en Baja California Sur serán despedidas de sus cargos por la entrada en vigor del Plan B de la reforma electoral.
Confirmó que ya se formó un comité técnico de transición, para ver cómo será nueva la estructura con estos recortes.
En este contexto, el tema de los despidos preocupa a las autoridades electorales ya que la reforma también desaparece fideicomisos por lo que ahora cuando una persona sea recortada de su cargo el INE tendrá que pagarlo directo de su presupuesto anual y no de pasivos como se venía realizando.
“Algunas de las modificaciones han sido muy difundidas sobre el impacto en la estructura del INE y de órganos delegacionales. El efecto más importante es en las Juntas Distritales Ejecutivas, que son las trincheras de trabajo próximo durante un proceso electoral”, mencionó.
Cada uno de estos órganos auxiliares funciona con 5 vocales distritales, sin embargo, la nueva ley sólo establece un vocal por lo que, considera, la asistencia, funcionamientos y capacitaciones están en riesgo ya que se reduce el número de responsables en estas áreas.
“Ya está aprobado, funcionará con base en personas contratadas de manera temporal. Está en riesgo la credibilidad, se corre el riesgo de una improvisación. La ley marca que los tiempos se acortan cuando generalmente estamos llegando a los límites de los tiempos de integración de las mesas de casillas”, coincidió.
“Estamos conscientes que el sistema electoral es mejorable, las reformas han hecho eso. Sin embargo, en esta ocasión nos parece que es regresiva; ataca la confianza en la institución para que el voto cuente bien”, agregó.
Ante impugnaciones y recursos de inconstitucionalidad, el fallo final está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes definirán si la reforma de López Obrador será revocada o no.
No obstante, Gómez Cabrera enfatizó que estas resoluciones implican tiempo, factor relevante si se toma en cuenta que ya hay un proceso electoral a punto de iniciar en noviembre de este año.
“Definitivamente a nivel central y en todas las áreas estamos seguros qué hay una serie de inconstitucionalidades y que serán atacadas en su momento, ya se está preparando él recursos de inconstitucionalidad que busca la suspensión de la ley”, reiteró.
