El pasado 22 de julio escribí en este espacio de opinión que el Gobernador Víctor Castro había mandado al Congreso del Estado una iniciativa para crear la figura de los “polígonos para el desarrollo” en la Ley Estatal de Desarrollo Urbano.
Con ello el Jefe del Ejecutivo pretende “destrabar” y agilizar el programa nacional de vivienda de la presidenta Claudia Sheinbaum en Los Cabos, luego de que él mismo tiene atorada la Tercera Actualización del Plan de Desarrollo Urbano ya que no ha emitido el dictamen de congruencia con lo que se podría publicar la tercera actualización del PDU en el Boletín Oficial del Estado, donde ya viene especificado zonas destinadas para el programa de vivienda.
Sin embargo, advertí que esta iniciativa podría abrir la puerta para que la autoridad estatal tome decisiones sobre territorios de los municipios con un simple decreto del Gobernador en turno, sin siquiera pasar por el proceso que obliga a los municipios en los planes de desarrollo urbano.
Es importante señalar que en el caso de la propuesta presentada por Víctor Castro ante el Congreso del Estado, los “polígonos para el desarrollo” se enfocan exclusivamente a proyectos de vivienda (incluyendo reubicación de asentamientos en zonas de riesgo) y de movilidad (Calles y caminos); según queda asentado en el artículo 36 bis de la iniciativa.
Sin embargo, la medida abre la puerta para que el gobernador en turno (actual o de próximas administraciones) mediante otra iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano extienda el catálogo de esta super figura de los “polígonos para el desarrollo”, para otros usos.
Y es por eso que se han encendido las luces rojas de los dueños de la valiosa tierra en Los Cabos, tanto desarrolladores, como ejidos.
Parte del Consejo Coordinador de Los Cabos que aglutina a los principales desarrolladores turísticos, hoteleros, cámaras empresariales y colegios de profesionistas, en días pasados emitieron un comunicado para pronunciarse sobre la iniciativa, presentando 5 puntos a considerar por los diputados locales:
1. Respaldo al objetivo social: contribuir a la generación de vivienda asequible para las familias con menores ingresos, especialmente quienes perciben hasta dos salarios mínimos diarios.
2. Reconocimiento a la figura de polígonos: se coincide en la pertinencia de incorporar esta herramienta prevista en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
3. Blindaje legal integral: la incorporación debe hacerse de forma cabal, precisando mecanismos de actuación, respeto a los planes y programas urbanos vigentes y reglas claras de adquisición y gestión del suelo.
4. Respeto a competencias municipales: es indispensable que la iniciativa se revise para no limitar las facultades constitucionales del municipio en materia de desarrollo urbano, planeación y zonificación.
5. Garantías de legalidad y transparencia: debe establecerse un procedimiento particular para la declaratoria de polígonos, sustentado en requisitos claros, consulta pública y reglas que eviten discrecionalidad.
En pocas palabras el empresariado cabeño está de acuerdo en la motivación social de la iniciativa que es la vivienda digna del programa de la presidenta.
Sin embargo, la iniciativa requiere candados para evitar que la figura de “polígonos para el desarrollo” se pueda utilizar en un futuro para otros fines o que afecten los planes de desarrollo urbano de los ayuntamientos.
Por muchos años se ha criticado que el desarrollo urbano esté en manos de un Cabildo, desde donde se han aprobado proyectos a diestra y siniestra que terminan por afectar el mismo desarrollo urbano, principalmente en Los Cabos y La Paz.
No puede ser que ahora en lugar de avanzar a un ordenamiento con mayor participación social, se pretenda que por decreto un gobernador decida sobre el desarrollo urbano de un municipio.
Que se avance con el programa de vivienda, sí.
Que las familias tengan acceso a una casa digna, también.
Pero con candados, reglas claras y participación ciudadana.