La Paz.- La controversia por el proyecto inmobiliario en Playa Los Cerritos continúa escalando. Ahora, la Asociación de Proveedores de Servicios y Surf de Los Cerritos A.C. exigió la revocación inmediata de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) otorgada al proyecto “Cerritos La L”, al considerar que fue autorizada ignorando dictámenes técnicos y observaciones de distintas autoridades.
A través de un posicionamiento público difundido este viernes, la asociación respondió a las recientes declaraciones de la representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Baja California Sur y rechazó que el conflicto se reduzca a una disputa por la propiedad de los terrenos.
Por el contrario, sostuvo que el problema central radica en la ocupación y comercialización de espacios de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), así como en la regularización de infraestructura que, afirman, fue construida sin las autorizaciones ambientales correspondientes.
Los prestadores de servicios señalaron que la autorización ambiental pretende validar construcciones ya existentes, entre ellas restaurantes, clubes de playa y cisternas, que fueron edificadas antes de contar con permisos ambientales.
En el documento también sostienen que la representación estatal de la SEMARNAT dejó de considerar diversos dictámenes técnicos durante el proceso de autorización, entre ellos:
Las observaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que concluyen que el proyecto no es viable por la dinámica hidrológica y el flujo en la zona costera.
El dictamen técnico del XVII Ayuntamiento de La Paz, que establece que el desarrollo no es congruente con el Programa de Desarrollo Urbano vigente.
Los criterios de Protección Civil, que consideran inviable el proyecto por ubicarse en una zona de alto riesgo.
Las observaciones formuladas por ciudadanos y prestadores de servicios durante la consulta pública ambiental, quienes advirtieron afectaciones al ecosistema y al libre acceso a la playa.
La existencia de procedimientos administrativos abiertos por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La asociación también aseguró que el conflicto se originó con el trazo de la ZOFEMAT realizado en 2020, el cual —afirman— incorporó como “cuerpo de agua” zonas de inundación tierra adentro, situación que, sostienen, permitió restringir accesos históricos y buscar el cobro por el uso de espacios que consideran de dominio público.
Por ello, solicitaron a las oficinas centrales de la SEMARNAT revisar de manera exhaustiva el expediente y revocar la autorización ambiental otorgada al proyecto, al considerar que fue emitida con irregularidades y en perjuicio del ecosistema costero.
Finalmente, advirtieron que agotarán todas las instancias legales, administrativas y de movilización social para impedir que el desarrollo continúe en las condiciones actuales.