La Paz, Baja California Sur.– La diputada Gabriela Montoya Terrazas presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas de Baja California Sur para prohibir la suspensión total del servicio de agua potable por falta de pago, garantizando al menos una cantidad mínima para consumo humano básico, aun cuando existan adeudos.
Durante la sesión legislativa, la legisladora explicó que la propuesta busca armonizar la legislación estatal con la nueva Ley General de Aguas impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, además de responder a problemáticas que persisten en municipios como Los Cabos, donde miles de familias enfrentan escasez, tandeos prolongados y periodos sin acceso regular al servicio.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que los organismos operadores de agua no podrán suspender completamente el suministro ni el saneamiento a usuarios en situación de adeudo, bajo el argumento de que el acceso al agua debe reconocerse como un derecho humano y no únicamente como un servicio sujeto a capacidad de pago.
“Podemos hablar de reglas administrativas o de cobranza, pero jamás podemos perder de vista que el agua es indispensable para cocinar, asearse, cuidar la salud y vivir con dignidad. El acceso al agua no puede convertirse en un privilegio para quien puede pagar y una condena para quien atraviesa dificultades económicas”, expresó Montoya Terrazas desde tribuna.
La iniciativa también plantea reconocer legalmente los sistemas comunitarios de agua y saneamiento en zonas donde no existe cobertura de organismos operadores municipales, con el objetivo de fortalecer esquemas de organización vecinal que actualmente funcionan en distintas comunidades del estado.
Además, propone incorporar mecanismos de captación de agua pluvial para uso doméstico, fortalecer la participación ciudadana en la gestión hídrica y promover la capacitación y profesionalización del personal de organismos operadores para mejorar la eficiencia del servicio.
Montoya Terrazas señaló que la armonización legal responde a disposiciones de la nueva Ley General de Aguas impulsada a nivel nacional, la cual establece adecuaciones en los marcos normativos estatales.
La diputada sostuvo que, aunque la propuesta no resolverá por sí sola la crisis hídrica que enfrenta Baja California Sur, sí representa un avance para construir un marco legal más orientado al acceso universal del agua.