La Paz, Baja California Sur.– La diputada local de Morena, Teresita de Jesús Valentín Vázquez, presentó una iniciativa de reforma para que los ayuntamientos de Baja California Sur faciliten permisos y licencias de construcción a familias que no cuentan con escritura formal de sus terrenos, pero sí acreditan una posesión legítima, especialmente en comunidades rurales, asentamientos consolidados y predios ejidales.
La propuesta busca modificar la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado para impedir que la falta de título de propiedad se convierta automáticamente en un obstáculo para construir, ampliar o mejorar viviendas, siempre que existan documentos que acrediten legalmente la ocupación del predio.
Entre los documentos que podrían ser considerados se encuentran constancias ejidales, certificados parcelarios, derechos agrarios, documentos expedidos por autoridades competentes o cualquier medio idóneo que permita demostrar la posesión material o jurídica del inmueble.
La legisladora argumentó que actualmente muchas familias sudcalifornianas, principalmente en comunidades del norte del estado como Vizcaíno, Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo y otras localidades de Mulegé, enfrentan obstáculos administrativos para acceder a permisos de construcción debido a procesos inconclusos de regularización territorial, aun cuando llevan décadas habitando sus predios.
La iniciativa también plantea que los ayuntamientos no puedan exigir requisitos, cobros o condicionamientos distintos a los previstos en la ley para otorgar permisos de construcción, al señalar que en algunos casos se han reportado trabas administrativas o solicitudes de pagos adicionales relacionados con regularización patrimonial.
Además, se propone crear Programas Municipales de Regularización Territorial y Patrimonial, mediante los cuales los municipios puedan coordinarse con ejidos, Registro Agrario Nacional, Registro Público de la Propiedad y autoridades estatales y federales para facilitar la obtención de títulos de propiedad, incorporación ordenada al desarrollo urbano, acceso a servicios públicos y actualización catastral.
La propuesta aclara que estos cambios no eximen del cumplimiento de requisitos relacionados con uso de suelo, protección civil, impacto ambiental o normas urbanísticas, por lo que las construcciones seguirían sujetas a regulación municipal.
De aprobarse, los ayuntamientos tendrían hasta 180 días naturales para adecuar sus reglamentos y procedimientos administrativos conforme a las nuevas disposiciones.