La Paz, Baja California Sur.– La diputada local de Morena, Teresita de Jesús Valentín Vázquez, presentó una iniciativa de reforma para crear en Baja California Sur el delito de “abuso de custodia tecnológica e invasión a la intimidad digital”, con penas de hasta 8 años de prisión para personas que, aprovechando el acceso temporal a celulares u otros dispositivos electrónicos, revisen, copien o extraigan contenido íntimo sin autorización.
La propuesta fue presentada ante el Congreso del Estado y plantea modificar el Código Penal de Baja California Sur, así como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de sancionar el abuso de confianza en servicios técnicos relacionados con reparación, desbloqueo, migración de datos, soporte, activación o renovación de equipos electrónicos.
De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa surge a partir de un caso dado a conocer públicamente en el que una mujer detectó que personal técnico intentaba transferir contenido íntimo desde su celular hacia otro dispositivo, luego de haber entregado temporalmente el equipo para un trámite técnico. La legisladora argumenta que actualmente existe un vacío legal cuando el acceso al dispositivo fue autorizado, pero posteriormente se utiliza para fines distintos al servicio prestado.
La reforma propone adicionar el Artículo 183 Sexies al Código Penal estatal, estableciendo sanciones de 4 a 8 años de prisión, además de multas de mil a 3 mil días multa, para quien acceda, visualice, copie, transfiera, conserve o se apropie de imágenes, videos, mensajes, documentos o archivos personales o íntimos, aun cuando dicho contenido no sea difundido posteriormente.
Asimismo, se plantea aumentar hasta en una mitad las penas cuando exista engaño, abuso de confianza, intimidación o la solicitud injustificada de contraseñas o desbloqueo biométrico, además de establecer que el delito se persiga de oficio.
La iniciativa también busca reconocer como una forma de violencia digital la extracción o revisión no autorizada de contenido íntimo en dispositivos entregados temporalmente a establecimientos técnicos o comerciales, así como obligar al Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres a implementar campañas y protocolos de prevención sobre privacidad digital.