Ciudad de México, México.– La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, enfrenta un nuevo frente político y jurídico luego de que se reactivara una investigación relacionada con el intento de detención del exgobernador Javier Corral en 2024 —hecho que el morenista calificó como un “secuestro”—, mientras diputados de Morena en Chihuahua promovieron una solicitud de juicio político en su contra por presuntas violaciones a la soberanía nacional derivadas de operativos con participación de agentes estadounidenses.
De acuerdo con reportes periodísticos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México notificó un citatorio a la mandataria estatal como parte de una impugnación impulsada por Javier Corral, quien denunció a funcionarios del gobierno de Chihuahua tras el fallido operativo realizado en agosto de 2024, cuando autoridades estatales intentaron detenerlo en un restaurante de la capital del país por una acusación de peculado.
Sin embargo, horas después, la Fiscalía capitalina aclaró que el citatorio no implica que Maru Campos haya sido imputada formalmente, sino que forma parte de un procedimiento derivado de la impugnación presentada por Corral contra una resolución previa de no ejercicio de la acción penal, al no encontrarse elementos suficientes para configurar delitos.
El caso revive la confrontación política entre Corral y la actual gobernadora, luego de que el hoy senador de Morena acusara haber sido víctima de un intento ilegal de privación de la libertad orquestado desde Chihuahua.
Paralelamente, diputados locales de Morena presentaron una solicitud de juicio político contra Maru Campos, argumentando posibles violaciones a la soberanía nacional, invasión de competencias federales y presuntas irregularidades relacionadas con la presencia de agentes estadounidenses en operativos contra laboratorios clandestinos en territorio chihuahuense.
Entre los señalamientos, legisladores morenistas acusaron al gobierno estatal de permitir la participación de agentes extranjeros sin la debida coordinación federal, además de presunto ocultamiento de información relacionada con dichos operativos.
La solicitud deberá seguir un proceso legislativo para determinar si procede su admisión y eventual trámite ante instancias federales.