Ciudad de México.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para modificar diversos aspectos de la elección judicial, entre ellos aplazar la jornada electoral hasta 2028 y simplificar el proceso de votación.
Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, presentó los principales puntos de la propuesta, la cual contempla que la elección judicial federal y local se realice el 4 de junio de 2028, en lugar de 2027 como originalmente estaba previsto.
Entre los cambios planteados se encuentra la creación de una comisión encargada de homologar metodologías y criterios de evaluación de aspirantes, además de verificar que se cumplan los requisitos formales de elegibilidad de los candidatos propuestos por los tres poderes.
La iniciativa también busca reducir el número de aspirantes para facilitar el proceso de votación. De acuerdo con la propuesta, los comités de selección elegirían a cuatro personas por cada cargo y posteriormente se realizaría una insaculación para reducir el número a dos candidaturas finales.
De aprobarse el planteamiento, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el número de aspirantes pasaría de 81 a 54; en el Tribunal de Disciplina Judicial disminuiría de 45 a 30; mientras que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se reduciría de 63 a 42 perfiles.
Durante la presentación, Luisa María Alcalde reconoció que uno de los principales problemas observados en el proceso anterior fue la falta de claridad para votar, debido al alto número de cargos y candidaturas en disputa, por lo que justificó la necesidad de simplificar las boletas y hacer más comprensible el mecanismo de elección.
“Yo creo que todos los que tuvimos la experiencia de participar nos gustaría tener mayor claridad sobre quiénes son las propuestas y cómo votar”, expresó la funcionaria federal.
Además, la propuesta contempla reforzar los criterios para las elecciones judiciales en los estados, con el objetivo de homologar procesos, términos y plazos con las reglas federales, así como adelantar tres meses la emisión de convocatorias para que los comités dispongan de más tiempo para evaluar perfiles.