Trabajadores de confianza de las áreas operativas del Ayuntamiento de La Paz denunciaron presuntas represalias, amenazas y detenciones por manifestarse para exigir el pago de bonos de riesgo e insalubridad, así como mejoras salariales y prestaciones laborales.
José Alfonso Frausto señaló que más de 250 trabajadores de Servicios Públicos sufren el adeudo desde enero, por lo que hace 15 días entregaron un pliego petitorio a representantes de la Secretaría General, Oficialía Mayor y Tesorería del Ayuntamiento de La Paz para exigir el pago.
Uno de los reclamos es la diferencia en los pagos entre trabajadores que realizan actividades similares, por ejemplo: al personal de recolección de basura se le otorgan mil 200 pesos por concepto de bono de riesgo, mientras que a otros empleados de Servicios Públicos les pagan 525 pesos mensuales.
Los manifestantes también solicitaron homologar el pago de horas extras, debido a que, según Frausto, al personal de confianza se le pagan 67 pesos por hora, mientras que los trabajadores de base reciben 127 pesos.
Otra de las demandas es el ajuste salarial para que los empleados de las áreas operativas perciban 12 mil pesos mensuales y los administrativos 14 mil pesos, puesto que que actualmente no cuentan con ingresos suficientes para acceder a una vivienda.
No obstante, en una primera manifestación realizada en Servicios Públicos José Alfonso Frausto terminó detenido por elementos de la Policía Municipal y tuvo que pagar 8 mil 800 pesos para salir.
De acuerdo con el testimonio del afectado, alrededor de 20 elementos lo rodearon y lo detuvieron mientras permanecía junto a los vehículos utilizados para la manifestación, aseguró que sus compañeros intentaron intervenir y grabar lo ocurrido, pero los policías se los impidieron y les retiraron sus teléfonos celulares.
Frausto relató que fue trasladado a las instalaciones de Tránsito Municipal y posteriormente presentado ante una jueza cívica, quien le impuso una sanción de 75 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de advertirle que podía recibir hasta 36 horas de arresto.
Por su parte, Ana Isabel Amador Álvarez, trabajadora de Barrido Manual, denunció que previamente recibió amenazas del delegado sindical de su área, quien presuntamente la responsabilizó de que los trabajadores de base tuvieran que cubrir jornadas más extensas por las manifestaciones.
Los inconformes señalaron que, pese a los compromisos asumidos en la primera reunión, no se han concretado las soluciones, por lo que hicieron un llamado a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, para que reciba a todos los trabajadores involucrados en el movimiento y no solamente a una comisión de representantes.
Recalcaron que sus demandas no responden a intereses políticos, sino a la búsqueda de mejores condiciones laborales, prestaciones y acceso a una vivienda digna para el personal de confianza del Ayuntamiento.