La Paz, Baja California Sur.– El Congreso del Estado aprobó reformas para castigar con penas de ocho a 15 años de prisión a quienes obliguen, induzcan o gestionen que una persona menor de edad viva en una unión informal similar al matrimonio, aun cuando exista consentimiento del menor.
La iniciativa, presentada por la diputada María Guadalupe Saldaña Cisneros y respaldada por la Comisión Permanente de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, modifica la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y el Código Penal de Baja California Sur para prevenir y sancionar las llamadas uniones tempranas o forzadas.
Con la aprobación del dictamen, se incorpora al Código Penal local el delito de “cohabitación forzada de personas menores de edad”, que sancionará a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a menores de 18 años para unirse de manera informal o consuetudinaria con fines similares al matrimonio.
La reforma establece además multas de 2 mil a 4 mil días, y precisa que el consentimiento del menor de edad no elimina la responsabilidad penal. Asimismo, deja claro que no podrán invocarse usos, costumbres, prácticas comunitarias, religiosas o culturales como justificación para este tipo de actos.
El decreto aprobado también obliga al Estado y a los municipios a implementar medidas de protección integral para evitar la cesión de niñas, niños y adolescentes, ya sea de forma gratuita u onerosa, con fines de unión informal.
Otro de los cambios aprobados es que la acción penal en estos casos será imprescriptible, fortaleciendo el acceso a la justicia para víctimas de delitos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad.
Durante la discusión, diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas respaldaron la reforma, al considerar que las prácticas y usos comunitarios deben evolucionar cuando vulneran derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Previo a la votación, la activista indígena zapoteca y exdiputada federal Eufrosina Cruz Mendoza destacó que la medida fortalecerá la protección de la infancia y subrayó que ninguna práctica cultural puede justificar vulneraciones a los derechos de menores de edad.
Con esta aprobación, Baja California Sur se suma a entidades como Campeche, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Chiapas, que ya han reformado sus leyes para castigar la cohabitación forzada de menores.