La Paz, Baja California Sur.- Diputados de Nueva Alianza en el Congreso de Baja California Sur impulsan una reforma al Código Penal estatal para endurecer las sanciones contra quienes agredan a docentes y trabajadores de la educación, pero también para aumentar las penas contra personas que presenten acusaciones falsas que afecten la reputación o estabilidad laboral del magisterio.
La iniciativa fue presentada por los diputados Lourdes Cornejo Rendón y Martín Escogido Flores, integrantes de Nueva Alianza, partido históricamente vinculado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El dictamen, ya considerado procedente por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso local, plantea adicionar el artículo 136 Bis y modificar el artículo 326 del Código Penal de Baja California Sur.
La reforma propone aumentar en un tercio las penas cuando las lesiones sean cometidas contra trabajadores de la educación durante el ejercicio de sus funciones o por motivo de ellas.
Sin embargo, uno de los puntos que podría generar mayor polémica es la modificación al delito de “falsedad ante autoridad específica”, mediante la cual se plantea incrementar hasta en una mitad las sanciones contra quienes hagan declaraciones falsas o presenten información falsa con el propósito de afectar la reputación, estabilidad laboral o situación jurídica de docentes y personal educativo.
En la exposición de motivos, los promoventes argumentan que en los últimos años se han incrementado las agresiones, amenazas, hostigamiento y denuncias falsas contra maestras, maestros y directivos escolares.
El documento señala que docentes han sido víctimas de “acusaciones falsas, declaraciones dolosas o fabricación de pruebas” orientadas a desprestigiar su trayectoria profesional.
No obstante, la iniciativa surge en un contexto particularmente sensible en Baja California Sur, donde durante los últimos años decenas de maestros y trabajadores del sector educativo han sido denunciados pública o legalmente por presuntos casos de acoso sexual, abuso sexual y conductas indebidas contra estudiantes menores de edad.
Algunos de esos casos incluso derivaron en manifestaciones de padres de familia, suspensión de clases, protestas afuera de planteles y cuestionamientos hacia la Secretaría de Educación Pública por mantener a docentes señalados dentro del sistema educativo mientras se desarrollaban investigaciones administrativas o penales.
Aunque la propuesta establece que las sanciones aplicarán únicamente cuando exista falsedad deliberada ante autoridades, sectores críticos podrían interpretar la reforma como un posible mecanismo de protección o “blindaje” para integrantes del magisterio frente a denuncias que afecten su reputación.
Los promoventes sostienen que la intención no es crear privilegios, sino fortalecer la protección jurídica del personal educativo y garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la docencia.