La madrugada del 4 de marzo de 2010, el joven estudiante de derecho, Jonathan Hernández Ascencio, fue asesinado en pleno malecón de la ciudad de La Paz. 12 años después su continúa siendo una de las manchas emblemáticas de impunidad que pesan sobre la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y del Gobierno Estatal que se encuentre en turno.
Entre protestas, reclamos, declaraciones y súplicas de sus familiares y amigos, la justicia nunca llegó para ellos y ellas.
Daniel Hernández Aguirre, padre de Jonathan, recalcó que la corrupción de los gobiernos de Narciso Agúndez (2005-2011) y de Marcos Covarrubias (2011-2015), le quitaron la posibilidad de llevar a los responsables de la muerte de su hijo ante la justicia.
Durante el mandato de Carlos Mendoza Davis (2015-2021) quienes estuvieron al frente de la Procuraduría, Erasmo Palemón Alamilla Villeda y Daniel de la Rosa Anaya, hicieron compromisos firmes de resolver el crimen sin que ninguna promesa se consolidara.
Con el inicio del gobierno de Víctor Castro Cosío, la familia Hernández Ascencio pierde de nuevo la esperanza de encontrar justicia.
“Mientras el gobernador no gire línea para que esto se aclare, esto no se va a hacer. Ningún gobernador, desde que mataron a mi hijo ha hecho las cosas como debe de ser. Es hora que el gobernador no gira orden”, expresó Daniel Hernández.
Recordó que el exprocurador, Gamill Arreola, y el actual magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Daniel Gallo Rodríguez, viciaron los expedientes del caso de su hijo e inculparon a personas inocentes.
Daniel Sánchez fue la víctima. El 4 de septiembre de 2012 fue detenido en la ciudad de La Paz, inculpado por el asesinato de Jonathan Hernández. 17 meses después fue liberado, después de haber sido torturado y encarcelado sin pruebas o conexión con el crimen.
Aunque Daniel Sánchez y su familia buscaron a través de demandas que el Gobierno del Estado reparara el daño, sin embargo, los últimos reportes indican que la justicia tampoco ha llegado para ellos.
En este contexto, el padre de Jonathan recalca que lejos de obtener investigaciones en contra de los responsables, Gamil Arreola fue ´premiado´ con una notaría, mientras que Gallo Rodríguez permanece en su cargo.
En este sentido, exigió una carpeta de investigación para todos los implicados en viciar y corromper el caso de su hijo
Por último, hizo responsable al gobernador, Víctor Castro, al secretario general, Homero Davis, y al subsecretario Omar Zavala, de cualquier atentado contra su seguridad y la de su familia.
