El huracán Norma dejó decenas de embarcaciones hundidas en Baja California Sur. Es ahora que diversos sectores terminan de dimensionar la falta de preparación en el estado ante este tipo de fenómenos naturales.
El 21 de octubre de 2023 el huracán “Norma” impactó directamente al municipio de La Paz, en Baja California Sur. Una vez que inició el recuento de daños, autoridades y ciudadanía se percataron del tamaño de la catástrofe que ocurrió en la bahía: un cementerio de yates.
Los hechos despertaron la preocupación de la sociedad civil. La información fluyó a cuenta gotas y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) intervino. El director regional, Mario Sánchez Castro, confirmó que interpusieron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La querella, con número de expediente PFPA/10.7/2C.28.2/0140-23, tenía el objetivo de exhortar a la autoridad para que aplicara el Plan Nacional de Contingencia de Hidrocarburos que debe establecerse en caso de cualquier riesgo por derrame de combustible en el mar.
La diversidad marina, la conexión con el Santuario del Tiburón Ballena, la productividad turística, pesquera y la acuacultura hicieron que varios sectores presintieran el riesgo que representaban los hundimientos.
Mientras que autoridades estatales y municipales argumentaron que no era un problema de su competencia, la Profepa confirmó decenas de embarcaciones hundidas en la ensenada tras el paso del huracán.
A través de una solicitud de información para este reportaje, Profepa respondió que el recorrido del 31 de octubre de 2023 descartó que alguna de las embarcaciones sumergidas se encuentre en un Área Natural Protegida (ANP).
“No se detectó afectaciones a la flora y/o fauna silvestre, mortandad de peces, derrame de algún tipo de hidrocarburos, ni olores característicos a hidrocarburos, iridiscencia en cuerpo de agua, ni la acumulación de residuos sólidos municipales derivados de varamientos y/o reflotamiento de dichas embarcaciones”, reiteró la institución federal.
La respuesta, lejos de convencer a la sociedad civil, incrementó las alertas. Especialistas en materia de preservación ambiental advirtieron que era imposible que en ocho días la autoridad confirmara que no había daño a los ecosistemas de la bahía sin un estudio especializado.
Incapacidad de inspección y vigilancia
En entrevista para este reportaje, el director regional de Cemda, Mario Sánchez Castro, aclaró que esta problemática no se revisa, sanciona o atiende desde la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEEPA), sino por medio de la regulación marítima.
“La autoridad marítima tendría que tener estas determinaciones sobre cómo entra un barco, cómo se estaciona, cuánto tiempo puede quedarse y qué debería pasar en tiempos de siniestros”, precisó.
Sin lo anterior, se trata de un círculo hecho de la falta de capacidad de inspección y vigilancia en la ensenada.
“Cuando entras en la bahía, alguien debería revisar que cumplas con los requisitos, si no, no deberías estar ahí porque luego pasan estas cosas. Está pasando, va seguir pasando…”, reiteró el director.
“Como suele pasar en temas ambientales y demás, un pedacito de las cosas les toca a diferentes autoridades y una sola ley no te lo va a resolver”, agregó.
Los planes y acuerdos deben darse de forma transparente, una necesidad de acción institucional que no sucede, de acuerdo con testimonios de activistas y empresarios.
Pero a pesar de la cantidad embarcaciones que se hundieron por el huracán Norma, las autoridades federales no vieron necesario aplicar el Plan de Emergencia por Derrame de Hidrocarburos.
La necesidad de un sistema aceitado se hizo evidente desde que ocurrió el desastre ambiental en Balandra en agosto de 2022, cuando un yate se incendió en el Área Protegida de Flora y Fauna (APFF).
El siniestro provocó un derrame de combustible y escorias de la unidad marítima, que derivó en una catástrofe que mantuvo cerrada durante más de dos meses la playa más visitada y emblemática de La Paz.
Desde entonces, organizaciones de la sociedad civil denunciaron la ausencia de trabajo interinstitucional y la nula intención y capacidad de instancias, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para transparentar los hechos y el avance en la recuperación de este espacio que es un símbolo de la lucha por la conservación de la herencia de las y los sudcalifornianos.
Los restos de esta embarcación fueron sacados a flote 12 días después del incidente, con la supervisión de la Secretaría de Marina y Profepa, sin embargo, en el traslado del bote a la Marina de la capital, éste se hundió de nuevo.
Ahora fuera de la bahía de Balandra, en el fondo del mar paceño, los restos de la embarcación llamada “Fortius” permanecen, sin que las autoridades intentaran nuevas maniobras para sacarlos.
Mario Sánchez recalcó que los asuntos de índole ambiental no son exclusivos de la federación y que es algo que compete a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno.
“Lo que sí sé es que debería haber un plan conjunto que, evidentemente, no existe”, subrayó.
Es por ello que sugiere la necesidad de contar con un reglamento como el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), que sirva para gestionar y organizar el tránsito marítimo en la bahía y en el que estén involucradas diversas autoridades.
“La bahía involucra temas de especies prioritarias, pesca, turismo, recreación, ahí hay mucho y no hay un plan estructurado”, recordó.
Según el listado de las 40 embarcaciones que dio la Profepa, la mayoría de las unidades hundidas eran veleros.
El abogado señaló que no sólo habría que enfocarse en el combustible, sino en partes mecánicas, fibra de vidrio y electrónicos que componen esas embarcaciones y que también son factores de contaminación.
“El combustible es como lo más visto y hay una regulación para ello, pero también dejar una batería en el agua, si tu radio tiene componentes electrónicos que pueden tener una interacción de óxido u otros minerales, ya hemos visto que una pila no debe entrar al agua, imagínate una batería que puede tener un sistema eléctrico de focos”, comentó.
El riesgo de la contaminación
Las autoridades sostienen que al no haber derrame de hidrocarburos la situación está “bajo control”, no obstante, los especialistas advierten que existe un riesgo de contaminación por diversos factores.
El profesor investigador y maestro en ciencias Marco Antonio Medina López expone que cuando ingresa una estructura al mar pueden suceder tres cosas: un impacto positivo, negativo o ninguna consecuencia.
Sostiene que introducir o simplemente dejar unidades en el fondo marítimo no es adecuado por la contaminación en plásticos, hidrocarburos y otras sustancias químicas que pueden estar en las embarcaciones y de las que se desconoce su existencia hasta que hacen reacción en el mar.
“Yo considero que no sería adecuado meter directamente las embarcaciones al mar, con el fin de que deje de haber contaminación visual, a la larga ocasionarían más daño que un beneficio en el ecosistema marino”, comentó.
Sobre el impacto positivo, destacó la concentración de organismos, sin embargo, ya está documentado que no todos los seres vivos que se “peguen” a los arrecifes artificiales desarrollan un beneficio al ecosistema y que no siempre tienen un impacto biológico en la zona. Hay peces que entran a sus arrecifes, pero no es una gran cantidad y sólo los usan como resguardo mientras no están cazando.
Recordó que dentro de los arrecifes artificiales hay una gran variedad, un tipo que se estuvo utilizando a partir de la Segunda Guerra Mundial fue el hundimiento de barcos con el fin de que se convirtieran en estructuras para que hubiera una conglomeración de organismos y para actividades recreativas como el buceo.
Fue aceptada en su momento, sin embargo, estos barcos eran limpiados en su totalidad sin dejar estructuras que lleguen a ser contaminantes, situación que no se da con los veleros y yates de la bahía.
Por otra parte, recalcó que es imposible que las embarcaciones hundidas no tengan ningún tipo de hidrocarburo, tras un hundimiento el combustible comienza a contaminar.
El investigador subrayó que el hecho de que dicha contaminación no sea visible a simple vista es normal por las corrientes que se dan, sobre todo, en esta parte de la ensenada de La Paz, dentro de un canal que entra y sale agua dos veces al día los 365 días del año.
Hay otros tipos de materiales, como plásticos, que se fragmentan con mucha facilidad. No se descomponen, se pulverizan, lo que conforma contaminación por microplásticos.
“Es un gran tema científico en este momento, porque los microplásticos provocan en las redes tróficas un gran impacto, porque se lo comen las larvas pequeñas de peces y otros invertebrados y sienten que están llenos aunque no estén llenos. Entonces, se mueren de hambre a pesar de que estén comiendo, por esas partículas que se están vertiendo en el medio”, dijo.
También agregó a la lista la presencia de metales pesados en algunas sustancias, hay muchos yates que usan termómetros de mercurio, un contaminante de metal altamente dañino.
La respuesta de Profepa
A través de un correo, se cuestionó a la Profepa sobre la situación general del ecosistema una vez ocurrido este hecho. La instancia federal respondió a un cuestionario, en donde confirmó que no existía afectación ni derrame de hidrocarburos, esto con fecha del 1 de noviembre de 2023.
Corroboró la denuncia popular PFPA/10.7/2C.28.2/0140-23, que fue admitida y de la que derivaron visitas técnicas de Recursos Naturales e inspecciones industriales.
“La mayoría de las embarcaciones se vararon cercanas al lugar donde se encontraban fondeados, por lo que no existe impacto significativo a las especies marinas”, insistió la autoridad.
Profepa aseguró que el desastre en la bahía no afectaba al tiburón ballena debido a que todavía no llegaban los vientos del norte que es lo que atrae las corrientes, que proveen de zooplancton, el cual es un alimento importante para el pez más grande del mundo
“Además, debido a la afectación de la claridad del agua y la contaminación de esta, el tiburón ballena se abstiene de acercarse a aguas contaminadas, debido a que son animales que para alimentarse son filtradores. Por lo que no se acercarían en estos momentos”, respondió la dependencia.
Autoridades reconocen la falta de regulación
“Sí es un problema importante”, son las palabras del encargado de despacho de la oficina de representación de la Semarnat en Baja California Sur, Raúl Rodríguez Quintana, quien reconoce la necesidad de una mayor regulación en la ensenada de La Paz.
Aseguró que hay integración de varias instituciones, como Capitanía de Puerto, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la Marina, la Profepa, Semarnat y de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
“Todas estas instituciones han estado realizando reuniones, primero para prevenir a los dueños, que esta actividad de retiro de las embarcaciones es prácticamente responsabilidad del propietario”, declaró.
“Muchos propietarios no se responsabilizaron de sacarlas, obviamente se tiene que respetar un periodo, creo que es de tres meses. Hay que respetarlos en el sentido de que, si no se hace responsable el particular, entonces las instituciones y el Gobierno, a través de un procedimiento administrativo, tienen ya el derecho o la competencia de poder retirar estas embarcaciones”, explicó.
Hasta el momento, según el funcionario, se ha retirado casi el 50% de las embarcaciones y, calcula, quedan alrededor de 17 unidades en el fondo de la bahía.
“Creo que sí es importante que se retiren totalmente estas embarcaciones, no sólo por la imagen sino por la contaminación que pueden causar”, reconoció.
La Marina y Capitanía de Puerto se coordinan no sólo para retirarlas, sino para ver en dónde las colocarán.
“Del estudio del impacto, nosotros hemos acercado a través de Profepa sus análisis que han hecho a través del tiempo, no hay afectaciones en particular por el diesel y la gasolina, afortunadamente esos eventos no sucedieron”, insistió.
A raíz de esto, Capitanía de Puerto trabaja en un registro de embarcaciones, con matrícula, número de serie, nombres de propietarios y de las unidades.
Lo anterior, de acuerdo con el representante de Semarnat, ya que detectaron unidades que entran en la ensenada y no registran su llegada. Por ello, advirtió que la idea es que los propietarios de cualquier barco, velero, yate o lancha que no esté regularizada, tendrán que hacerlo o, de lo contrario, se tendrán que retirar de la ensenada.
“Ahí se quedan por tiempo, algunos por meses y otras de forma definitiva. Es una de las cosas que el huracán dejó: normalizar y ordenar la presencia de embarcaciones”, finalizó.
Sector empresarial naútico en el abandono
Aunque el titular de Semarnat aseguró que hay coordinación y enlace directo con el sector empresarial, quienes mantienen a flote el sector náutico paceño tienen “otros datos” y acusan que no hay acompañamiento constante antes, durante y después de una contingencia por huracán.
Coinciden en la necesidad de la construcción de una nueva marina en La Paz, sin embargo, donde hacen énfasis especial es la ausencia de canales de comunicación con las autoridades y la comunidad.
De acuerdo con empresarios del sector, remolcar, reflotar y sacar del mar una embarcación que se hundió puede tener un coste de entre 2 mil y 5 mil dólares.
Tan sólo el uso de grúa puede costar entre 800 y mil 200 dólares, lo que varía es el trabajo para reflotar la unidad, debido a que en ocasiones es necesario bucear para instalar bolsas de aire en los alrededores para que suba a la superficie.
Cindy Espinoza, propietaria de Baja Yachts, una empresa de servicios y gestorías en asuntos náuticos, comentó que el impacto del huracán “Norma” fue muy particular por la forma en la que golpearon los vientos.
Esto destapó el desconocimiento de propietarios en el sentido más amplio, tanto las personas que trabajan en empresas formales y quienes son propietarios de embarcaciones y viven en la bahía con permisos especiales padecieron las negligencias y omisiones institucionales.
“Que hubieran preestablecido protocolos, que se conocieran algunas de las cosas que se pueden o no se pueden hacer en un fenómeno natural como el que vivimos”, recomendó Espinoza.
Las y los paceños saben sobre la protección natural de la bahía contra huracanes, pero ahora, con este antecedente, la ciudad no está exenta de sufrir otra embestida similar, que podría significar una recaída en el proceso del levantamiento de la ciudad post-huracán.
Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirman que Baja California Sur es la entidad con mayor porcentaje de impacto de huracanes en la República Mexicana.
Los registros de 1971 al 2020 indican que, en promedio, cada año ingresan a tierra 5.4 ciclones, 17% de estos embisten alguna zona sudcaliforniana.
Desde la óptica de los propietarios de embarcaciones, no sólo hubo pérdidas económicas y materiales por el desastre natural, sino que se registraron robos y rapiña en las embarcaciones encalladas, lo que es un síntoma de la incapacidad de las autoridades para responder.
Temas que involucran una serie de permisos en Semarnat, en Capitanía de Puerto, Protección Civil Estatal y Municipal; pero en ningún momento hubo asesoría sobre estos procedimientos, acusaron.
“Sin duda los fenómenos naturales no se pueden evitar, pero creo que la mayoría de las personas que se dedican al mar en La Paz coinciden en que sí es necesaria muchísima más comunicación, que se generen los canales de comunicación adecuados”, dijo Espinoza.
*Este artículo fue realizado con el apoyo de la Red de Periodismo del Mar y Causa Natura Media.
fotos: cortesía SM Diving & Salvage
