Iván Castro, representante legal de las calamareras de San Rosalía, denunció que el Gobierno del Estado negó el acceso a la justicia social a las trabajadoras que llevan casi 20 años luchando en contra de la violencia laboral que sufrieron por parte de la empresa de capital surcoreano Hanjin.
Despido injustificado de casi 200 mujeres, explotación laboral con largas jornadas nocturnas, así como acoso y hostigamiento, desde hace dos décadas atienden todas las rutas jurídicas para encontrar justicia y aún nada.
A pesar de que el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, se comprometió a dar seguimiento, incluso a prestar equipo jurídico para apoyarlas, Iván Castro precisó que esto nunca sucedió.
“Es falso del señor gobernador, está simulando. Tuvimos una reunión con su gabinete hace más e un año, se comprometieron a explorar las mejores opciones jurídicas, políticas y sociales a favor de los derechos humanos y la justicia social de las compañeras calamareras”, acusó.
“Lo que obtuvimos es una respuesta, ni siquiera se atrevió a firmarla, de su director jurídico donde dice que no, que el Gobierno del Estado de Baja California Sur no va a apoyarlas, que no las va a agregar en la categoría de justicia social para hacer alguna indemnización o cubrir de alguna manera jurídicamente viable las prestaciones que les corresponden”, expuso.
Aunque Gobierno del Estado responda que no tienen competencia por ser un asunto del plano federal, el abogo explicó que sí tiene responsabilidades como el embargo que fue cancelado por un exfuncionario del Registro Público en Mulegé.
Además recordó que existen mecanismos jurídicos y políticos que permiten al gobernador expropiar los terrenos, que debían ser embargados a Hanjin, por causa de utilidad pública.
“Se le presentó un proyecto para beneficio de la comunidad de Santa Rosalía, aprovechando que es pueblo mágico, para que generara la expropiación, para que pagara a las compañeras por causa de justicia social y dice que no es su atribución”, señaló.
Es claro que se necesita voluntad política, que no ha existido, para avanzar en el caso que lleva alrededor de 20 años y en el que empezaron con 196 trabajadoras el juicio laboral, algunas de ellas ya han fallecido hoy en día sin que la justicia llegara a sus hogares.
