Ayer, en un comunicado oficial, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que Moisés “N” fue sentenciado a 3 años y 4 meses de prisión por el delito de robo calificado a lugar cerrado.
“De acuerdo con la investigación, el 3 de enero de 2025 el sentenciado ingresó a un domicilio ubicado en la colonia Guaymitas Fundador, en San José del Cabo, del cual sustrajo un bulto de cemento”.
En otro boletín, el 20 de abril, la misma institución dio a conocer que Pedro Adolfo “N” fue sentenciado a 3 años y 4 meses de prisión por el delito de robo calificado cometido en un lugar habitado.
“Los hechos ocurrieron la noche del 14 de abril de 2025, cuando el hoy sentenciado ingresó a un domicilio ubicado en la colonia Colina de la Cruz, en la ciudad de La Paz, de donde sustrajo una caja con diversas herramientas que se encontraban en el área del patio”, dice textual el comunicado.
El 12 de abril la autoridad informó también que Marcos Guadalupe “N” fue sentenciado a 3 años y 4 meses de prisión por el delito de robo calificado cometido en lugar cerrado.
“… los hechos ocurrieron la madrugada del 19 de agosto de 2024, entre las 02:30 y 02:40 horas. El sentenciado ingresó a un domicilio ubicado en la calle Miguel Hidalgo y Costilla, en la colonia Los Pinos, de esta cabecera municipal”.
“Una vez en el interior del predio, Marcos Guadalupe “N” sustrajo del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, color azul, las siguientes pertenencias del afectado: un rotomartillo marca Truper con su estuche y una soldadora inversora portátil marca Munich”.
Es decir, a uno se le mandó a prisión por un bulto de cemento y a los otros dos por robar herramientas.
Como periodista he visitado los penales de Los Cabos y La Paz. El primero, al ser parte del sistema penitenciario federal, tiene reglamentos muy duros para los internos. El de La Paz enfrenta condiciones infrahumanas de hacinamiento.
Moisés y Pedro Adolfo pasarán tres años de su vida en esas condiciones.
En contraste, el 24 de marzo de 2026, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Baja California Sur, en un comunicado oficial, informó que Fernanda “N” y Juan Manuel “N”, directora y exdirector del Instituto de Vivienda de Baja California Sur, así como el particular Jonathan “N”, fueron vinculados a proceso penal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que no es otra cosa que el “lavado de dinero”, según consigna el informe oficial.
A todos se les vincula a una red de corrupción que habría desviado hasta 54.8 millones de pesos del INVI.
En lo particular, a Fernanda “N” se le imputa la disposición de recurso público para su uso personal por la cantidad de 762 mil pesos.
A Juan Manuel “N”, el presunto desvío de 382 mil pesos para su uso personal.
Y a Jonathan “N”, por ser el presunto receptor ilícito del recurso público por la cantidad de un millón 8 mil pesos.
Después de ser vinculados a proceso por el juez de la causa penal, a Fernanda, Juan Manuel y Jonathan se les impusieron medidas cautelares y, tras el pago de garantías económicas, se les dio el beneficio de continuar su proceso penal en libertad.
Ahora bien, a Moisés, Pedro Adolfo y Marcos Guadalupe, en su vinculación a proceso se les dictó la medida de prisión preventiva, es decir, quedaron en la cárcel desde ese momento, lo que hace suponer que no tuvieron recursos para poder obtener el beneficio de la libertad.
Y prefirieron los tres aceptar los cargos y declararse culpables en lo que se conoce como “método abreviado”. Pues claro, si no tienes para pagar una buena defensa, lo mejor es que se apure el proceso para cumplir tu tiempo en la cárcel lo más rápido posible.
Un abogado penalista que consulté para este ejercicio me dijo que desde las primeras audiencias, de haber pagado y contado con una buena defensa, los tres hubieran recuperado su libertad, prácticamente con la reparación del daño y el pago de las multas correspondientes.
En resumen, Moisés, Pedro Adolfo y Marcos Guadalupe estarán en prisión no por justicia, sino por jodidos.
A Moisés “N” lo sentenciaron a 3 años por el robo de un bulto de cemento cuyo valor comercial, en promedio, es de 207 pesos.
Fernanda, Juan Manuel y Jonathan no han sido sentenciados, pero su proceso penal continúa y tendrá que llegar a sentencia.
Si la sentencia es condenatoria en su contra.
¿Cuántos años de cárcel le corresponderían a Fernanda “N” por presuntamente “clavarse” 762 mil pesos, es decir, lo equivalente a 3 mil 681 bultos de cemento?
Y lo proporcional para Juan Manuel “N” y Jonathan “N”.
Sé que así no funciona el sistema penal, pero es para ilustrar un punto.
Simple justicia calculada en bultos de cemento.