La expresión “poner la Iglesia en manos de Lutero” se utiliza para señalar que algo importante o delicado quedó bajo la responsabilidad de una persona cuyos intereses, ideas o antecedentes son contrarios a lo que debería proteger; es decir, confiarle una tarea precisamente a quien podría debilitarla, transformarla o actuar en su contra.
El dicho se refiere a Martín Lutero, monje y teólogo alemán que en 1517 cuestionó prácticas y doctrinas de la Iglesia católica, lo que desencadenó la Reforma protestante y una profunda división del cristianismo occidental.
Pues bien, ayer el Consejo General del INE nombró a los consejeros Norma de la Cruz, Arturo Chávez y Uuc-kib Espadas como responsables de la nueva Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, creada con el Plan “B” de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum.
Se trata de la comisión que, mediante solicitudes de información a la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y el Centro Nacional de Inteligencia, evaluará posibles nexos de aspirantes y candidatos con la delincuencia organizada.
Los tres consejeros designados han sido señalados, en distintos grados, por su cercanía política, ideológica o institucional con Morena y el obradorismo.
En la entrega de ayer de este espacio de opinión señalaba que esta misma medida se estaría implementando en el proceso interno de Morena, PT y Partido Verde para evitar que quienes resulten sus candidatos pudieran tener vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, también podría utilizarse como una herramienta de control político para “descarrilar” aspirantes dentro del propio oficialismo, como podría suceder con Christian Agúndez, Manuel Cota y Saúl González, al trascender que sus aspiraciones serían analizadas por estas instituciones.
Entonces, si este filtro puede utilizarse con “los de casa”, ¿qué pueden esperar los candidatos de oposición cuando comience a operar la nueva Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas?
Los aspirantes del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y del nuevo partido Somos MX no estarán legalmente obligados a someterse al procedimiento. Sin embargo, negarse a la revisión podría utilizarse políticamente en su contra, mientras que aceptar implicaría entregar sus perfiles al análisis de una comisión integrada por consejeros con visibles vínculos o coincidencias con el régimen de la 4T; uno de ellos, incluso, exfuncionario del actual Gobierno federal.
Pero hay más.
Sus perfiles serían revisados con información de la FGR encabezada por Ernestina Godoy; de la UIF, dirigida por Omar Reyes Colmenares; y del CNI, adscrito a la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch: tres áreas estratégicas encabezadas por figuras cercanas a la presidenta Claudia Sheinbaum. Este último, incluso, es mencionado como presidenciable del oficialismo rumbo a 2030.
Aunque una advertencia de riesgo no pueda cancelar legalmente una candidatura, el manejo político de información reservada, una filtración o un señalamiento sin sentencia judicial podrían causar suficiente daño para sacar a cualquier aspirante de la competencia antes de llegar a la boleta.
Se trataría de candidatos de oposición que, de ganar gubernaturas, podrían convertirse también en presidenciables rumbo a 2030. Su viabilidad política desde 2027 podría quedar condicionada por información generada, administrada o interpretada desde instituciones encabezadas por figuras cercanas a sus posibles rivales.
¿Qué garantía de imparcialidad tienen los partidos de oposición de cara a 2027?
Pero, sobre todo, ¿qué garantía de imparcialidad de los órganos electorales y de las instituciones de seguridad, justicia e inteligencia tiene el electorado mexicano?
Lo deseable para todos los mexicanos es que ningún candidato con vínculos con la delincuencia llegue a una boleta a partir de 2027.
Pero no es deseable que esta misma medida se utilice para descarrilar opositores internos o externos al régimen, ni que las instituciones del Estado mexicano sean utilizadas para ello.
Qué bueno que se revisen los antecedentes de todos los candidatos.
El problema es quién los revisará, con qué información, bajo qué controles y qué posibilidades tendrán de defenderse ante una advertencia sustentada en datos reservados.
No se puede dejar la Iglesia en manos de Lutero.
