La Paz, Baja California Sur.– Integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (FCAV) denunciaron que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respondieron que “no hay delito” ante la exigencia de rancheros de la Sierra de la Laguna para que se emprendan acciones legales por el presunto ingreso de materiales de construcción y las afectaciones ambientales atribuidas al proyecto de Hermandad en Armonía, organización vinculada al exdirigente del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Emilio González Martínez.
De acuerdo con el Frente Ciudadano, la postura fue expresada durante una reunión en la que participaron rancheros de la Sierra de la Laguna, funcionarios de Semarnat, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y representantes de los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos.
Según el FCAV, los funcionarios sostuvieron que no es posible ejercer acciones legales porque, a su consideración, no existen construcciones que constituyan un delito dentro del área natural protegida.
No obstante, durante la reunión uno de los rancheros afirmó que sí existen excavaciones en la zona, las cuales consideró ilegales. Además, los asistentes señalaron que durante meses se realizaron numerosos vuelos de helicóptero para trasladar materiales hacia la sierra, situación que, aseguran, provocó afectaciones a la flora y fauna del lugar.
El Frente Ciudadano también cuestionó que las autoridades no consideren como posibles daños ambientales las afectaciones ocasionadas por el ruido y las corrientes de aire generadas por las aeronaves, así como la remoción de vegetación que, afirman, fue realizada para ocultar materiales utilizados en el proyecto.
Asimismo, señalaron que durante el encuentro los funcionarios no pudieron precisar qué autoridad sería la responsable de presentar las denuncias correspondientes ni explicar por qué, hasta el momento, no se han iniciado procedimientos relacionados con estos hechos.
Finalmente, el FCAV acusó que la respuesta de las dependencias federales representa una negativa a actuar frente a las denuncias de los habitantes de la Sierra de la Laguna y cuestionó si esa postura obedece a ineptitud o a un acto de protección hacia los presuntos responsables.
