La Paz, Baja California Sur.– El diputado local de Morena, Venustiano Pérez Sánchez, presentó una iniciativa para tipificar en Baja California Sur el delito de corrupción inmobiliaria, con sanciones de hasta 20 años de prisión para servidores públicos y particulares involucrados en irregularidades relacionadas con desarrollos, cambios de uso de suelo, venta de inmuebles o alteración de documentos oficiales.
La propuesta, presentada ante el Congreso del Estado, plantea reformas al Código Penal y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, con el objetivo de dar herramientas legales para sancionar la colusión entre autoridades y operadores inmobiliarios en prácticas ilegales relacionadas con vivienda y desarrollo urbano.
Entre las conductas que podrían ser castigadas se encuentran facilitar o gestionar cambios irregulares de uso de suelo, permitir construcciones sin permisos, comercializar inmuebles sin cumplir requisitos legales o alterar documentación relacionada con compraventas y autorizaciones urbanísticas. La iniciativa contempla penas de 10 a 20 años de prisión, además de multas de 400 a 900 días.
El proyecto también propone agravar las penas cuando existan beneficios económicos para funcionarios, familiares, socios o personas cercanas, y establece que, en caso de participación de agentes inmobiliarios, se cancelaría de forma definitiva su licencia y registro estatal.
En la exposición de motivos, el legislador argumenta que Baja California Sur enfrenta una creciente presión por vivienda, lo que ha derivado en fraudes inmobiliarios, ventas irregulares de predios, preventas falsas y despojos de propiedades, muchas veces —señala— con posibles actos de complicidad desde instituciones públicas.
Además, advierte que estas prácticas contribuyen al encarecimiento de la vivienda, la gentrificación y la presión sobre servicios públicos básicos, particularmente el agua potable, en una entidad donde el crecimiento urbano ha acelerado la demanda de suelo para vivienda.
La iniciativa toma como referencia un modelo implementado en la Ciudad de México en 2024 para combatir esquemas de corrupción ligados al sector inmobiliario. De ser aprobada por el Congreso local, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.