No vino del PRI.
No vino del PAN.
No vino del PRD.
No vino de Movimiento Ciudadano.
No vino de medios críticos “fifis”.
No vino de cámaras y colegios de “machuchones”.
No vino de encuestas “amañadas”.
El acicate a los gobiernos de Baja California Sur, en su mayoría de la alianza Morena-PT-PV vino de la principal plataforma de información pública del Gobierno: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El diagnóstico 2025 de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI es puntual y claro: El Gobierno de Baja California Sur está reprobado en la dotación de agua potable a la población, la recolección de basura y la percepción de corrupción.
La encuesta señala que apenas el 30.5% de la población de Baja California Sur recibe agua de manera continua en sus hogares, lo que nos coloca en el segundo lugar nacional con el peor suministro.
También nos coloca en el nada honroso segundo lugar nacional en peor servicio de recolección de basura, donde sólo el 60.5% de la población se siente satisfecha; muy lejos de Nayarit y Nuevo León, donde se reporta un nivel de satisfacción del 95%.
Y en cuanto a corrupción, el 75% de los encuestados consideran que es frecuente, principalmente en temas relacionados a la policía y trámites relativos a la propiedad.
Es por ello, que de acuerdo a la misma medición, el 51.5 de los sudcalifornianos encuestados, no confían en el gobierno estatal. Es decir, poco más de la mitad.
Sin embargo, por los rubros que se miden y en los que Baja California Sur salió peor evaluado, la distribución de agua potable, la recolección de basura y la corrupción en temas relacionados a la seguridad pública y la propiedad, queda claro que el ciudadano encuestado no sólo estaba calificando el gobierno estatal de Víctor Castro, si no los municipales de Milena Quiroga, Christian Agúndez, Roberto Pantoja, Paz Ochoa y Edith Aguilar.
Y es que constitucionalmente los servicios públicos, la seguridad y la propiedad recaen en los municipios.
Los resultados hablan al final de una desatención por parte de la autoridad estatal y las municipales a sus responsabilidades para con sus gobernados.
Podría ser entonces resultados de gobiernos y gobernantes que han distraído su responsabilidad, en otros temas, principalmente políticos en sus aspiraciones personales.
Acostumbrados en estos tiempos los gobiernos, principalmente de la 4T a desacreditar cualquier crítica de la oposición, de medios no alineados o de cámaras empresariales, con la letanía de que “quieren regresar a sus privilegios”.
¿Cuál será la postura ahora que la información vienen del mismo gobierno federal?.
Cuando la crítica viene de la oposición, siempre existe el recurso de descalificarla.
El acicate vino de adentro.