La Paz, BCS, 11 de noviembre de 2026.– Las personas que hayan sufrido abuso sexual durante su infancia o adolescencia podrían reclamar una indemnización por los daños sufridos sin importar cuántos años hayan transcurrido desde los hechos, de aprobarse una iniciativa presentada ante el Congreso de Baja California Sur.
La diputada de Morena, María Cristina Contreras Rebollo, propuso reformar el artículo 1840 del Código Civil del Estado para establecer que las demandas de reparación del daño por violencia sexual cometida contra menores de 18 años no tengan un plazo de prescripción.
Actualmente, dicho artículo establece un plazo general de dos años para reclamar la reparación de daños derivados de actos ilícitos, sin contemplar expresamente una excepción para quienes sufrieron violencia sexual durante su niñez o adolescencia.
La legisladora argumentó que muchas víctimas tardan años, e incluso décadas, en reconocer el abuso, comprender sus consecuencias o reunir las condiciones emocionales necesarias para acudir ante la justicia.
Por ello, la reforma permitiría que una persona adulta que sufrió violencia sexual cuando era menor de edad pueda presentar una demanda civil de reparación del daño, aunque hayan transcurrido décadas desde lo ocurrido.
La propuesta retoma una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria desde septiembre de 2025, que reconoce la imprescriptibilidad de las acciones para reclamar indemnización por violencia sexual sufrida durante la infancia y adolescencia.
De esta manera, la iniciativa busca incorporar expresamente al Código Civil de Baja California Sur un derecho que ya cuenta con reconocimiento judicial.
La reforma contempla que las víctimas puedan reclamar la reparación del daño sin necesidad de contar previamente con una sentencia penal condenatoria. Sin embargo, corresponderá a un juez determinar la responsabilidad y, en su caso, la indemnización correspondiente.
Asimismo, la modificación no implicaría la reapertura automática de juicios concluidos ni eliminaría los plazos de prescripción de los delitos en materia penal, pues se refiere exclusivamente a las demandas civiles de reparación del daño.