La Paz, Baja California Sur.– La diputada local de Morena, Teresita de Jesús Valentín Vázquez, presentó una iniciativa para crear un Registro Estatal de Atención Prioritaria en Emergencias, con el objetivo de que autoridades de Protección Civil cuenten con información anticipada de personas con discapacidad y adultos mayores que requieran apoyo especial durante huracanes, inundaciones u otros desastres en Baja California Sur.
La propuesta plantea reformar la Ley Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley de Protección Civil y Gestión de Riesgos del estado, con el fin de que exista un padrón voluntario que permita identificar previamente a personas que no pueden evacuar por sí mismas o requieren asistencia diferenciada ante una contingencia.
De aprobarse, el registro incluiría información básica como domicilio, municipio, datos de contacto de familiares o cuidadores, tipo de discapacidad o condición de movilidad reducida, necesidades específicas de evacuación, uso de oxígeno, medicamentos, silla de ruedas u otros apoyos técnicos, así como la ubicación de refugios temporales accesibles.
La legisladora argumentó que Baja California Sur es una entidad altamente expuesta a fenómenos hidrometeorológicos, por lo que resulta indispensable que las autoridades no solo conozcan dónde existe riesgo, sino también quiénes requieren apoyo prioritario para salir de él. La iniciativa retoma además trabajos previos impulsados desde el Congreso para identificar personas con discapacidad que habitan en zonas vulnerables.
Entre las medidas propuestas, Protección Civil estatal y municipal tendría la obligación de realizar barridos prioritarios de evacuación, coordinar traslados accesibles, prever refugios temporales incluyentes y capacitar brigadistas para atender a personas con discapacidad y adultos mayores durante emergencias.
La iniciativa aclara que el registro sería voluntario y confidencial, y que la información únicamente podría utilizarse para tareas de prevención, evacuación, auxilio, rescate y atención durante desastres, prohibiendo expresamente cualquier uso discriminatorio o ajeno a protección civil.
De ser aprobada, las autoridades tendrían hasta 180 días naturales para emitir lineamientos sobre la integración, actualización y uso operativo del registro en coordinación con DIF, Salud y los municipios.