La reciente designación de Loreto como puerto de altura y cabotaje desató inconformidad entre habitantes y prestadores de servicios de la comunidad, quienes salieron a manifestarse al considerar que la medida pone en riesgo el equilibrio ambiental de la “Antigua Capital de las Californias”.
La movilización se realizó luego de que se diera a conocer el decreto federal publicado el 10 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual se otorga esta nueva categoría al puerto loretano.
Los manifestantes señalaron que la decisión fue tomada sin consulta previa a la comunidad y sin medir las afectaciones que traerá el abrir la navegación marítima internacional y nacional a áreas como el comercio y turismo masivo.
Durante la protesta, ciudadanos portaron pancartas y lanzaron consignas para exigir a las autoridades federales que se respete la opinión de la población local, al advertir que el municipio no cuenta con la infraestructura necesaria para operar como puerto de altura.
Ante las protestas, la Administración Portuaria Integral (API) de Baja California Sur y el Ayuntamiento de Loreto han señalado que se trata de un trámite administrativo que permitiría el fondeo de embarcaciones provenientes de otras regiones.
Previamente, el martes 21 de abril, se sostuvo un encuentro con el director de la API, Narciso Agúndez Gómez, quien aclaró que su competencia se limita al área de la dársena bajo su jurisdicción, mientras que los posibles impactos ambientales corresponden a otras instancias.
De igual manera, los manifestantes denunciaron que en la zona convergen diversas Áreas Naturales Protegidas (ANP), entre ellas el Parque Nacional Bahía de Loreto, así como otras reservas de flora y fauna que resguardan ecosistemas marinos de alto valor ecológico.
También destacaron que estas áreas albergan una importante biodiversidad, incluida la presencia de ballena azul, asimismo representan la base económica de Loreto, particularmente para actividades turísticas y de aprovechamiento sustentable de recursos.
En una carta abierta, los ciudadanos reiteraron su rechazo al decreto y solicitaron su revisión o cancelación, además de exigir que cualquier proyecto que impacte el territorio sea sometido a consultas públicas transparentes.
Subrayaron que la protección ambiental debe prevalecer sobre decisiones que puedan comprometer el patrimonio natural del municipio.