Culiacán, Sinaloa.– El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió este lunes a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, en el marco de la investigación abierta tras los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos vínculos de funcionarios sinaloenses con el crimen organizado. En paralelo, el exvicefiscal estatal Dámaso Castro Saavedra también se presentó a rendir entrevista ante autoridades federales.
A su salida de las instalaciones de la FGR, Rocha Moya aseguró que acudió “con la frente en alto” y afirmó que continuará defendiéndose de las acusaciones.
“No dejaré de luchar”, expresó el mandatario con licencia, quien insistió en que colaborará con las investigaciones abiertas por la autoridad mexicana.
La comparecencia ocurre días después de que la propia FGR confirmara que Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa fueron citados a rendir entrevista como parte de las indagatorias derivadas de una acusación presentada en una corte del Distrito Sur de Nueva York, donde autoridades estadounidenses señalan presuntos nexos entre integrantes del gobierno sinaloense y la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
Entre los citados se encuentra el exvicefiscal Dámaso Castro Saavedra, quien este lunes también acudió a declarar tras recibir el citatorio federal, aunque evitó hacer declaraciones amplias sobre el contenido de su comparecencia.
El caso ha escalado políticamente debido a que Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo desde inicios de mayo, luego de las acusaciones hechas por autoridades estadounidenses. Sin embargo, tanto el gobierno federal como la presidenta Claudia Sheinbaum han sostenido que, hasta el momento, ni Rocha ni otros funcionarios citados enfrentan una imputación formal en México, sino entrevistas ministeriales dentro de una investigación en curso.
La investigación de la FGR sigue abierta y forma parte de las diligencias para revisar información proporcionada por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos actos de protección institucional al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y respaldo político.