La Asamblea Feminista de Baja California Sur emitió esta semana una convocatoria pública para asistir a la manifestación simultánea que se realizará en La Paz y Cabo San Lucas el 28 de septiembre en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Seguro y Libre, celebrado en todo el mundo desde 1990.
La cita para la manifestación será a las 6 de la tarde del 28 de septiembre. Las convocantes se reunirán en la delegación de Cabo San Lucas y en el Hospital Juan María de Salvatierra en La Paz.
La principal exigencia de la Asamblea Feminista de Baja California Sur es la no criminalización y la desestigmatización del aborto en el Estado, ya que argumentan que se trata de un procedimiento común y seguro entre mujeres y personas con capacidad de gestar que se brinda en un entorno de información clara y veraz, amoroso y libre de juicio.
A pesar de que las leyes estatales en torno al aborto lo hacen una práctica legal desde junio de 2022 en Baja California Sur, la Asamblea confirmó a través de la experiencia de tres mujeres en La Paz y Los Cabos que las instituciones de salud del Estado no cuentan con protocolos para acceder al servicio de aborto clínico de una manera informada, segura y libre de juicio.
Detallaron que Secretaría de Salud (SSABCS) asegura que cuenta con el espacio, infraestructura, herramienta y personal no objetor de conciencia para cumplir el Lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México en cualquier trimestre de gestación (en el caso de violación).
También asegura que su personal recibe capacitación semestral de actualización para llevar a cabo abortos seguros e interrupciones legales del embarazo. No obstante, en la práctica hay demora, criminalización y negligencia en las tres instituciones de salud gubernamentales: en los hospitales de la SSABCS, en el ISSSTE y en el IMSS.
Por lo que esta situación impide que la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM 046) sea llevada a cabo de manera correcta y eficaz, ya que en ella se establecen los criterios a observar en la detección, prevención médica y orientación a víctimas de violencia sexual, que incluye atención en crisis y posterior atención psicológica; ofrecer la anticoncepción de emergencia hasta un máximo de 120 horas después del abuso; pruebas de detección de VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y servicio de interrupción voluntaria del embarazo en caso necesario.
Además, los casos de violencia sexual deben atenderse como emergencia médica, sin necesidad de una denuncia previa. En el caso del IMSS, la Asamblea Feminista de Baja California Sur tiene conocimiento de demora y condicionamiento del servicio hasta contar con una denuncia ante Ministerio Público.
Lo que consideran preocupante porque del 2016 a 2020, 153 personas víctimas de violencia sexual fueron atendidas por la SSABCS, incluyendo niñas de 12 y 14 años. No obstante, estas cifras no representan el número real de casos, pues el IMSS e ISSSTE cuentan con sus propias bases de datos, además de la cifra negra que se refiere a los delitos ocurridos, pero no denunciados
