El robo de agua mediante tomas y aprovechamientos clandestinos ha encendido las alertas en Los Cabos durante años, este 2026 se reportó la detección y clausura de 25 tomas ilegales, con una extracción estimada superior a los 300 litros por segundo. Ante este panorama, la senadora por Baja California Sur, Susana Zatarain García, presentó una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes lucren con el recurso.
La propuesta de la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) contempla establecer penas de hasta 10 años de prisión para quienes extraigan agua sin autorización, manipulen infraestructura hidráulica, perforen pozos clandestinos o comercialicen el líquido obtenido ilegalmente. Para ello, plantea adicionar el artículo 368 Sexies al Código Penal Federal y reformar el artículo 123 Bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales.
El problema también fue evidenciado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que informó sobre la clausura de dos aprovechamientos ilegales en Cabo San Lucas, de los cuales se abastecían aproximadamente 120 pipas diariamente. Esta actividad representa una afectación al suministro y a la disponibilidad del recurso para la población.
Durante la presentación de la iniciativa en el Senado, Zatarain García señaló que el agua no debe convertirse en un negocio para quienes se aprovechan de la escasez que padecen las familias, particularmente en entidades como Baja California Sur, donde el acceso constante al servicio continúa siendo limitado.
“El agua no puede convertirse en mercancía del crimen. No podemos pedirle a una familia que cuide cada litro mientras permitimos que otros se lleven miles de litros de manera clandestina para venderlos”.
Con esta iniciativa, la legisladora busca que las autoridades cuenten con mayores herramientas jurídicas para perseguir estas actividades y sancionar a quienes obtienen ganancias mediante la extracción y venta irregular de agua, en un contexto donde distintas comunidades enfrentan dificultades para acceder al servicio.