Luego de que HOY BCS documentara algunos casos de violencia hacia la mujer en los que, aunque haya medidas cautelares como la orden de restricción, el agresor sigue perpetuando la violencia; la diputada María Luisa Ojeda reconoció que hay un vació legal pero que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debe garantizar que eso no ocurra.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género explicó en entrevista para este portal digital que, las medidas cautelares son una herramienta legal para que mientras está en proceso una denuncia, no haya repetición del delito o se consume uno nuevo, sin embargo; aseguró que no se le está dando el seguimiento debido.
“Es un tema que tendríamos que legislar pero finalmente el estado debe de darle la garantía de las medidas cautelares a quien está sufriendo de violencia. Al otorgar medidas cautelares, deben de dar seguimiento oportuno para que no se siga dando la violencia, que no siga subsecuente el mismo agravio”, declaró.
La falta de este seguimiento, señaló, se debe a que la autoridad encargada de procurar la justicia no está llevando a cabo los procesos con perspectiva de género y esto porque ni siquiera hay un programa que los capacite en la materia.
Un caso que puede ejemplificar lo que está sucediendo es el del taxista Ricardo Samuel “N” en Cabo San Lucas, quien a pesar de tener dos órdenes de restricción para que no se acerque a la víctima, la amenazó con quemarla a unos metros de su domicilio, lo detuvieron y unas horas después lo dejaron el libertad, y después de eso, la volvió a agredir, todo mientras hay un proceso legal en su contra.
