La Paz, Baja California Sur.– La diputada de Morena, Cristina Contreras Rebollo, presentó una iniciativa para que escuelas de Baja California Sur estén obligadas a informar a madres, padres o tutores en un plazo máximo de 24 horas cuando detecten un posible caso de bullying, acoso o violencia escolar.
La propuesta busca reformar la Ley de Educación del Estado mediante la creación de un nuevo artículo 79 Bis, con el objetivo de evitar que las familias se enteren días después de que un estudiante haya sido víctima de agresiones dentro del entorno escolar.
De acuerdo con la iniciativa, cuando autoridades escolares tengan conocimiento de hechos que pudieran constituir violencia escolar, bullying o conductas similares, deberán notificar a los padres o tutores dentro de las siguientes 24 horas, además de activar medidas de atención y protección.
La legisladora señala que actualmente la ley estatal no establece de manera expresa una obligación legal para que escuelas informen oportunamente este tipo de situaciones, lo que puede retrasar la atención de conflictos y agravar consecuencias emocionales, psicológicas o académicas para niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa también contempla que, además de informar a las familias, las escuelas deban atender los reportes conforme a protocolos ya existentes, aplicar medidas de acompañamiento y, en casos graves, dar aviso a autoridades competentes cuando existan lesiones, vulneración de derechos o posibles delitos.
En la exposición de motivos, Contreras Rebollo advierte que el bullying ya no se limita a agresiones físicas o verbales dentro del aula, sino que también incluye formas de violencia psicológica, social y ciberacoso, que pueden extenderse fuera de los planteles mediante redes sociales o aplicaciones de mensajería.
La propuesta aclara que la reforma no implicaría nuevos gastos ni contratación de personal, ya que solo fortalecería mecanismos de comunicación entre escuelas y familias, utilizando estructuras y protocolos ya existentes.
De aprobarse, las autoridades educativas tendrían 90 días para adecuar lineamientos y mecanismos de actuación relacionados con la prevención y atención de violencia escolar en Baja California Sur.