La Paz, Baja California Sur.– La diputada del Partido del Trabajo (PT), Alondra Torres García, presentó una iniciativa de reforma electoral para impedir que personas accedan a candidaturas reservadas para indígenas, afromexicanos y personas LGBT sin acreditar un vínculo real con las comunidades que dicen representar.
La propuesta plantea reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California Sur para ampliar la figura de la “autoadscripción calificada”, mecanismo que actualmente se exige solo a candidaturas indígenas y que obligaría a ciertos aspirantes a demostrar pertenencia efectiva a grupos históricamente discriminados.
De acuerdo con la iniciativa, la medida estaría dirigida principalmente a candidaturas reservadas para personas indígenas, afromexicanas y de la diversidad sexual, al considerar que en distintos procesos electorales del país se han documentado casos donde aspirantes sin trayectoria ni vínculo real con dichos sectores han ocupado espacios destinados a su representación.
La legisladora argumentó que actualmente existe una “asimetría normativa” en Baja California Sur, debido a que la autoadscripción calificada solo se solicita a candidaturas indígenas, dejando fuera a otros grupos cuya representación también deriva de identidad y autoidentificación.
La iniciativa establece que quienes aspiren a una candidatura reservada para indígenas, afromexicanos o personas LGBT deberán presentar una manifestación bajo protesta de decir verdad y acompañarla de elementos objetivos que acrediten un vínculo efectivo con la comunidad o grupo al que buscan representar.
Entre los medios de acreditación propuestos se encuentran constancias comunitarias, participación social, trayectoria, documentación o cualquier evidencia razonable que permita demostrar una relación efectiva con el grupo históricamente discriminado.
Asimismo, el proyecto señala que el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS) deberá emitir un protocolo de verificación con criterios claros, objetivos, proporcionales y respetuosos de los derechos humanos.
La propuesta también contempla sanciones en caso de detectarse simulación o fraude a la ley, incluyendo la cancelación de candidaturas o la sustitución de aspirantes registrados sin cumplir los requisitos de pertenencia real a estos grupos.
No obstante, la iniciativa aclara que los mecanismos de verificación no podrán implicar cuestionamientos sobre identidad de género, orientación sexual, vida privada o requisitos discriminatorios que vulneren la dignidad de las personas.
En la exposición de motivos, Torres García sostuvo que el objetivo no es restringir derechos, sino garantizar una representación auténtica y evitar simulaciones electorales.